Fue oficial mayor cuando Rosario Robles estuvo al frente de esas dependencias
Domingo 13 de febrero de 2022, p. 4
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas al menos ocho indagatorias iniciadas por denuncias de la Auditoría Superior de la Federación en contra de involucrados en desvíos de recursos que estaban asignados a las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, sin que se hayan fincado acusaciones en contra de Emilio Zebadúa González, informaron funcionarios ministeriales.
En todos los casos ha funcionado el acuerdo que alcanzó Emilio Zebadúa González, ex oficial mayor en ambas dependencias y uno de los más cercanos colaboradores de Robles Berlanga; el beneficio jurídico le fue otorgado a pesar de que él tenía la responsabilidad de administrar y observar el destino de los recursos en las instituciones en que ocupó ese cargo.
Zebadúa González fue quien, de acuerdo con la información obtenida por la FGR, se encargó de tramitar ante la Secretaría de Hacienda los convenios y, en todo caso, las solicitudes de ampliación de recursos para las instituciones, en su mayoría universidades, que se vieron involucradas en el desvío de más de 5 mil millones de pesos.
Las indagatorias se encuentran abiertas en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, de la Fiscalía Especializada de Control Competencial.
En las carpetas, señalaron las autoridades entrevistadas, existen testimonios que señalan que Emilio Zebadúa González, en su carácter de oficial mayor de Sedesol y Sedatu, operaba la firma de contratos con universidades privadas en las oficinas que tenía en Tennyson 125, en la colonia Polanco, y en Bahía de Magdalena 125, en la colonia Anzures.
La FGR indaga más de 40 contratos signados entre 2013 y 2018 con diversas instituciones, 25 de ellos ya han sido dados a conocer como parte de las investigaciones que la institución ministerial ha judicializado y que involucran a al menos 14 universidades estatales y politécnicas.
