Si bien la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece la revisión de la medida de prisión preventiva oficiosa de un recluso al cumplirse dos años durante el juicio, la desigualdad que prevalece en la justicia mexicana profundizará las diferencias existentes entre quienes enfrentan esta condición, pues solicitarla implicará la asistencia de un abogado, al que pocos tienen acceso, considera la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Víctor del Pozo, coordinador del área de defensa integral de la organización, considera que al mismo tiempo las reformas legales que incrementaron delitos cuya gravedad amerita prisión preventiva, han aumentado su uso, ya que no tienen otra opción.

Con eso se ha agudizado el hacinamiento en los penales y la coexistencia de presos sentenciados con los que aún tienen su proceso legal.

A pesar de la complejidad para aplicarse, Del Pozo no resta relevancia a la decisión de los ministros para revertir la tendencia en los procesos: la prisión preventiva se ha convertido más en la regla que en la excepción. La SCJN enfatizó en la disposición constitucional sobre los márgenes de la medida que no puede prologarse más de dos años y establece que si una persona privada de su libertad está en estas condiciones podrá solicitar revisión.

Lamentablemente, destaca Del Pozo, esto no será automático y quien la cumpla no saldrá automáticamente al vencerse el plazo, sino que requerirá solicitarla a las instancias competentes y eso implicaría necesariamente contar con un abogado que realice las gestiones. Así, los principales beneficiarios serán quienes puedan pagar un litigante, ya que existen graves deficiencias en la defensoría de oficio.

Para él las deficiencias en la figura del defensor de oficio son muy útiles para una visión gubernamental de privilegiar la prisión preventiva oficiosa y así frustrar irregularidades en las pruebas o acusaciones e incluso en casos de tortura.

Como responsable de la comisión que atiende la situación en los penales, tiene claro que hay muchos casos de personas presas por la muy deficiente actuación de sus defensores asignados, algo que se podría reproducir lamentablemente ahora con la resolución de la Corte.