La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en el gobierno de Veracruz un presunto daño patrimonial de 156.7 millones de pesos en el ejercicio de fondos federales, de los cuales se devolvieron 14 millones de pesos a la tesorería federal, y falta aclarar el destino de 142 millones.

Entre las anomalías descubiertas en la revisión de la cuenta pública de 2020 destacan las relacionadas con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, donde se observó una afectación de 119 millones de pesos a la hacienda pública, ya que no se presentaron los documentos comprobatorios que acrediten que dichos recursos se devengaron dentro de los plazos estipulados ni que la aplicación se destinó a cumplir con los objetivos del fondo.

También hubo irregularidades en el manejo de recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo por 4.1 millones de pesos. La ASF reveló que el gobierno de Veracruz realizó pagos por 788 mil pesos a trabajadores identificados como fallecidos y pagos improcedentes a docentes que realizan actividades distintas a la educación básica, indígena, inclusiva y normal por 45 mil 455 pesos, y a empleados durante el periodo de licencia sin goce de sueldo por 11 mil 122 pesos.

Tras darse a conocer el informe, el mandatario morenista Cuitláhuac García consideró que las observaciones no son de gravedad y que no se comparan con la que en su momento se hicieron a la administración del ex priísta Javier Duarte de Ochoa, que superaban 34 mil millones de pesos.

Gastos sin aclarar en Hidalgo

Los 84 municipios y 92 dependencias fiscalizables del gobierno estatal de Hidalgo deben comprobar el gasto de 226 millones 449 mil pesos correspondientes a la cuenta pública 2020, informó Armando Roldán Pimentel, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASEH), durante la entrega del tercer y último informe a la 65 Legislatura local.

En el informe también se indica que hay 204 millones 860 mil 252 pesos cuyo uso no se ha aclarado en 33 de los 84 ayuntamientos. Esa cantidad, de acuerdo a la ASEH, equivale a 90.4 por ciento de los más de 226 millones injustificados.