s probable que no haya ninguna revelación tan contundente de sometimiento del Poder Judicial de la Federación al Ejecutivo federal (en el caso, ocupado por Felipe Calderón Hinojosa) como la hecha por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al presentar su libro 10 años de derechos: autobiografía jurisprudencial (420 páginas, editorial Tirant lo Blanch, https://bit.ly/3vdFnGH).

Fue un desahogo, en tono reposado pero palabras duras, que se permitió quien también preside el Consejo de la Judicatura Federal, ante asistentes a esa presentación literaria en la Escuela Federal de Formación Judicial. El concepto mediáticamente tomado a partir de ese momento fue el de operación de Estado, que engloba la serie de presiones, amenazas y marrullerías realizadas, según el relato de Zaldívar, por el aparato de gobierno y de control mediático de Felipe Calderón Hinojosa para proteger a la familia de Margarita Zavala Gómez del Campo y a otros altos funcionarios federales involucrados en la tragedia de la guardería sonorense ABC.

Zaldívar aseguró que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo presionó durante horas, terminando la discusión a gritos, para que cambiara el proyecto de resolución que presentaría ante los demás ministros en relación con los hechos que causaron la muerte de 49 niños y heridas graves a un centenar, en una guardería que el Instituto Mexicano del Seguro Social subrogó a una sociedad en la que participaba Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo.

Puntualizó Zaldívar: hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de estado de derecho y de autonomía, y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad moral para decirlo, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento.

Según la versión del ministro presidente de la SCJN, que no incluyó en su libro, “los salones de la Corte, los pasillos, estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo. Ahí estaban los secretarios de Estado, el director del IMSS (...) paseaban todos los servidores públicos. Los que estuvimos ahí en la Corte pudimos dar fe de lo que era ese momento en que el gobierno prácticamente tomó la Corte”.

El entonces titular de Gobernación, Gómez Mont, respondió que las palabras de Zaldívar, a quien calificó de trasnochado y de hacer un papelón tristísimo, constituyen un acto de arrogancia e irresponsabilidad. Aceptó que, como en muchos otros casos en los que el gobierno federal puede legítimamente presentar sus posturas y alegatos ante un juzgador, lo hizo con Zaldívar en el episodio mencionado.

En la entrevista que dio a un medio de Internet (¡Ya, supéralo!: Gómez Mont a Zaldívar https://bit.ly/3IhLRIu), el abogado ex panista reconoció que en aquel diálogo fuerte con el ministro, en 2010, mezcló algunos elementos de consideración personal y política con los de una estricta técnica judicial. Zaldívar asegura que el entonces titular de Bucareli le hizo saber un recado de Calderón: dice el presidente que no te apoyamos para esto.

Lo relatado por Zaldívar embona con lo denunciado entonces, subsistente hasta ahora: todo el poder de Los Pinos, ocupada esta casa por Felipe Calderón y Margarita Zavala, frenó la aprobación de un proyecto jurídicamente avanzado, que abría la puerta a establecer responsabilidad penal a otros altos funcionarios por el desorden e incumplimiento de sus obligaciones, en detrimento de la población.

No se protegió judicialmente sólo a la rama Gómez del Campo de la familia de Margarita Zavala, ella alojada entonces en Los Pinos, sino al entramado criminal que con Genaro García Luna, y mandos militares y de la Marina, empezó y desarrolló el gravísimo proceso de descomposición nacional denominado guerra contra el narcotráfico. ¡Hasta mañana!

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