En respuesta a las críticas del Presidente a la organización del proceso de revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral informó que cumple con sus obligaciones constitucionales para su organización, aunque conforme a la disponibilidad financiera con la que cuenta. Indicó que debido al recorte presupuestal decretado por la Cámara de Diputados, sólo se tienen asignados mil 696 millones de pesos, lo que le permitirá instalar 57 mil casillas.

En su posicionamiento, el organismo destaca que, a diferencia de la consulta popular de 2021, en esta ocasión se instalarán casillas especiales para que la ciudadanía en tránsito pueda ejercer su derecho a participar.

Agregó que las acciones relativas a la organización y capacitación no son comparables con las que realizó el INE para la consulta popular, ya que para ésta contó con la inercia de muchas actividades que llevó a cabo para la elección federal del 6 de junio de 2021.

Ahora, el instituto debió realizar una nueva insaculación o sorteo de ciudadanos y efectuar las gestiones y levantamiento de recursos necesarios para la instalación de casillas, entre otros argumentos.