San Diego. Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos ratificó ayer las amplias restricciones impuestas para los trámites de solicitudes de asilo con el fin de impedir la propagación del Covid-19, pero restauró las protecciones que evitan la expulsión inmediata sin darles la oportunidad de argumentar sus casos.

Casi al mismo tiempo, un juez federal en otro caso acordó que el gobierno del presidente Joe Biden eximió indebidamente de las restricciones a los niños no acompañados y ordenó que se les sujete a ellas dentro de una semana, lo que da tiempo para que se presente una apelación de emergencia.

Las decisiones contradictorias crean incertidumbre jurídica al futuro de las disposiciones que niegan a los indocumentados una oportunidad de solicitar asilo bajo el argumento de que existe riesgo de propagación del coronavirus.

Las autoridades federales han realizado 1.6 millones de expulsiones –algunas personas han sido regresadas varias veces– en la frontera sur sin darles oportunidad de que pidan protecciones por razones humanitarias desde marzo de 2020. El gobierno de Biden ha extendido el uso de la autoridad del Título 42, que alude a una ley de salud pública de 1944.

La Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia estableció que las preocupaciones sobre el covid-19 podrían impedir a familias migrantes conseguir asilo.

Sin embargo, postularon los jueces, los individuos pueden buscar otras formas de protección humanitaria a fin de evitar que los envíen a sus países de origen si es probable que allí sean torturados o perseguidos. Bajo un beneficio llamado aplazamiento de la deportación y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, pueden ser enviados a terceros países considerados alternativas seguras si las naciones de donde provienen son demasiado peligrosas.

Un panel de tres jueces –dos de ellos nombrados por el entonces presidente Barack Obama y uno por bajo la orden y gestión de Donald Trump– cuestionaron enérgicamente el uso que dio el gobierno de Biden al Título 42.

El juez Justin Walker, nombrado por Trump y quien escribió el fallo unánime, destacó que las preocupaciones de salud han cambiado radicalmente desde que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) anunciaron las restricciones al asilo hace dos años. Escribió que está lejos de estar claro que la orden de los CDC sirva a algún propósito; parece en ciertos aspectos una reliquia de la era sin vacunas, ni pruebas de laboratorio, había pocas terapias y mucha incertidumbre, escribió.

Walker subrayó que el gobierno no ha aportado evidencia que sustente las restricciones. No desdeñamos los riesgos del covid-19. Y nos mostraríamos receptivos a declaraciones de los especialistas en salud pública que hayan testificado sobre la eficacia de la referida orden. Pero no hay ninguna.

En el otro fallo, el juez federal Mark Pittman, nombrado por Trump, dio la razón al estado de Texas, que alegó que Biden rompió indebidamente la enmienda de Trump cuando eximió de ser deportados a los niños que viajaban solos, por razones humanitarias. Destacó el incremento que se ha registrado de esa población que llegan a la frontera después de ese cambio.

Pittman, de Fort Worth, Texas, indicó que no debería haber desacuerdo en que las actuales políticas de inmigración deberían estar concentradas en frenar la propagación de la pandemia.

Los que abogan por las personas en movilidad se adjudicaron al menos una victoria parcial con el fallo de la corte de apelaciones de Washington, DC.

La decisión de hoy no anula al Título 42, pero crea salvaguardas jurídicas y de procedimientos para proteger a los extranjeros que quieren asilo. De aquí en adelante, pues no pueden ser deportados sin que se evalúe si estarán seguros, dijo Iván Espinoza Madrigal, director ejecutivo de Abogados por los Derechos Civiles.

Lee Gelernt, de la Unión Americana de Libertades Civiles, describió el fallo como una enorme victoria. El fallo de los ministros no deja dudas de que esta brutal política ha dañado gravemente a familias que buscan obtener asilo y debe ser cancelada, agregó.

El Departamento de Justicia declinó hacer declaraciones.

En tanto, los defensores de las restricciones a los migrantes se alegraron con el fallo en Texas.

Ésta es un triunfo realmente histórico, pero nos resta un largo camino para poner fin a la cruzada del gobierno para defender nuestra soberanía, declaró Stephen Miller, un arquitecto de las políticas migratorias de Trump y hoy presidente del grupo de defensa jurídica American First Legal.

México acepta a los migrantes expulsados de acuerdo con el Título 42 que sean propios o provengan de Guatemala, El Salvador y Honduras. Washington puede expulsar a los migrantes de otros países, pero es más difícil debido a los costos, problemas logísticos y la situación diplomática. Han aumentado los solicitantes de asilo provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, países con gélidas relaciones con Estados Unidos.

La Policía de Guatemala arrestó a dos ciudadanos locales que transportaban en un camión a 80 migrantess, en su mayoría procedentes de Cuba, quienes intentaban llegar a México para luego cruzar a Estados Unidos, informó este sábado la institución.

Los detenidos, identificados como los hermanos César y Alberto Ruso, de 30 y 28 años, respectivamente, serán procesados por el delito de tráfico de personas. En el camión viajaban 39 hombres, 30 mujeres y 11 niños la mayoría ciudadanos de Cuba, dos de Ecuador, uno de Mauritania y otro de Burkina Faso.