La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió que la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el gobierno federal renuncia a la competencia en el mercado de generación y suministro de electricidad y pone en riesgo el bienestar de los consumidores, motivo por el cual recomendó no aprobarla.

El proyecto renuncia de manera tajante al modelo de competencia en la generación y suministro (comercialización) de electricidad, al sustituirlo por un modelo industrial verticalmente integrado y operado por un monopolio estatal no regulado, el cual ha sido abandonado en muchos países por su ineficiencia, incapacidad de atender la demanda, altos costos e impacto negativo en las finanzas públicas, dijo la comisión.

Reveló que envió al Congreso de la Unión una opinión en la que recomienda no aprobar la iniciativa que propone el gobierno para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga control sobre el mercado, pues es vital que en el país se mantenga la competencia y se consolide un negocio bajo estos principios para salvaguardar el interés público.

Representa un retroceso para el bienestar social

El modelo propuesto en la iniciativa representa un retroceso en el bienestar social, debido a que la propuesta instauraría un monopolio en toda la cadena de valor del sector; es decir, en la generación, transmisión, distribución y abasto de electricidad y crearía un monopolio (único comprador) en la compra de electricidad que, en su caso, realice la CFE, expuso la Cofece.

“Desmantela el marco institucional que tutela el interés público, traslada indebidamente a la CFE las tareas regulatorias y de política pública, incluyendo el control y la planeación del sistema eléctrico, así como la determinación de tarifas.

Asimismo, elimina distintos mecanismos que persiguen objetivos fundamentales, como velar por la confiabilidad del sistema, diversificar la matriz de generación, procurar la equidad entre los participantes, aplicar regulación neutral y técnica, mejorar el servicio y motivar inversiones en tecnologías de generación más eficientes y limpias, mencionó.

Agregó que en la propuesta no se advierten mecanismos para asegurar que la electricidad generada y despachada en el sistema sea la menos costosa. Un cambio como el que se propone retrasaría la salida del mercado de las centrales de generación más viejas, contaminantes e ineficientes; asimismo desincentivaría la instalación de nuevos proyectos que pudieran operar con tecnologías más eficientes y amigables con el medio ambiente, precisó.

El cambio de paradigma ocasionaría alza en los costos de la cadena de valor de la industria eléctrica, lo que provocaría alza de tarifas que lesionaría el bienestar de los consumidores y la posición competitiva de las empresas, o bien un desvío de recursos para subsidiar un servicio público ineficiente. Agregó que también se comprometería la operación eficiente del sector en general y su capacidad para atender las necesidades presentes y futuras.