Representantes de 65 comunidades purépechas de Michoacán solicitaron al gobierno federal un plan de justicia similar al que aplica la actual administración con el pueblo yaqui, en Sonora, para atender los daños por los despojos que han sufrido en esta región, así como por la reducción de recursos para reforestación y obras que han llegado a un mínimo histórico.

Alejandro Cortés, asesor del Consejo Supremo Indígena de Michoacán en la comunidad purépecha de Santa Fe de la Laguna, lamentó que sólo se hayan concretado reuniones con funcionarios de tercer nivel, sin capacidad para destinar recursos o avalar la propuesta, por lo que analizan medidas más radicales para los próximos días.

A un costado de Palacio Nacional, explicó que una de las principales peticiones es la defensa de las tierras de la región, porque en nuestras comunidades han sido despojados de tierras comunales y de sus bosques con cambios de uso de suelo.

De manera paralela, reprochó que mientras en los últimos dos años se plantaron más de un millón 900 mil pinos, en 2022 las autoridades estatales no autorizaron recursos que permitan seguir con la reforestación ni para equipar brigadas destinadas a atender los incendios forestales.

También pidió respeto a los procesos de autonomía de los pueblos purépechas, ya que aseguró que hay trabas y obstáculos en los ayuntamientos para hacer llegar los recursos. Principalmente, dijo, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ha retrasado procesos como el reconocimiento de localidad indígena en varias poblaciones.

Subrayó que las 65 comunidades que presentaron el pliego petitorio al gobierno federal agrupan a casi medio millón de personas en michoacán.