San Salvador. El Congreso de El Salvador aprobó, a petición del presidente Nayib Bukele, una reforma penal para castigar hasta con 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en los medios de comunicación.

La reforma aplica a quienes reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico a la población en general, señaló el texto, que establece sanciones de 10 a 15 años de prisión.

También va dirigida contra aquellos que marquen sus territorios con siglas, práctica que los pandilleros usan para amedentrar y amenazar de muerte a quienes los denuncian ante las autoridades.

Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promover el nazismo. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas, argumentó Bukele en Twitter.

La reforma penal, aprobada la noche del martes con 63 votos de diputados aliados al gobernante, de 84 del Congreso unicamaral, llega después de que El Salvador reportó 87 homicidios entre el 25 y el 27 de marzo.

El gobierno atribuye lo ocurrido a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 que, con algunas más, tienen unos 70 mil miembros en El Salvador.

Desde finales de marzo rige en el país centroamericano el estado de excepción para enfrentar la ola de violencia generada por las pandillas. En 10 días, unos 6 mil pandilleros han sido arrestados, según el último balance oficial.

En tanto, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) manifestó su preocupación ante un claro intento de censura con la reforma al código penal que amenaza con cárcel a los periodistas que reporten la realidad que la administración de Bukele pretende esconder.

Se trata de una nueva herramienta para criminalizar el trabajo periodístico, agregó el texto.

La reforma se suma a una serie de cambios al código penal salvadoreño aprobados por el Congreso, controlado por el oficialismo, para hacer frente a las bandas delictivas, consideradas terroristas.

El 30 de marzo, el Congreso aprobó una reforma para aumentar de nueve a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas, y estableció que los menores de edad que hayan cumplido 16 años y cometan un delito siendo parte de una banda recibirán una pena de prisión hasta de 20 años.