n diciembre del año pasado, cientos de personas salieron a las calles armadas únicamente con su poder de convencimiento a recolectar firmas para que la primera revocación de mandato en la historia de México fuera una realidad. A pesar de los obstáculos promovidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la oposición, las y los ciudadanos tomaron en sus manos la gran responsabilidad de impulsar este ejercicio democrático. El resultado se escuchó alto y claro por todos los rincones de nuestra nación: las y los mexicanos queremos más y mejor democracia.
El mecanismo de revocación de mandato ha adquirido auge en algunas regiones del mundo como un instrumento de democracia directa, cuya finalidad principal es evitar los abusos de poder y promover la rendición de cuentas. A través del proceso de revocación, el electorado obtiene el derecho a destituir del cargo a un funcionario público electo antes de que concluya su periodo de labores. Este derecho garantiza que el pueblo tiene la facultad de decidir sobre la continuidad de un determinado gobernante, ejerciendo de manera vinculante el sufragio para pedir su remoción en caso de que su desempeño no haya sido el esperado.
En la mayor parte de los casos, la revocación de mandato representa una manera de sancionar la actuación de las autoridades en funciones, por esta razón no sorprende que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya sido el primer mandatario mexicano en sugerir la inclusión de este mecanismo en la legislación actual. Nuestro Presidente se ha caracterizado por poner al pueblo en el centro de sus decisiones de política pública, pero también en su actuar cotidiano y, con la revocación de mandato, demuestra una vez más que durante su administración el poder lo tiene la gente.
En cambio, a la oposición esta idea le resulta intolerable. Si de rendición de cuentas se trata, basta con imaginar qué hubiera sucedido en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto si este mecanismo hubiese sido una opción. La única lectura posible es que la revocación de mandato hubiera representado un peligro para su existencia política porque su desempeño no sólo fue lamentable, en términos de cumplir con lo prometido y proveer de lo más básico a la población, sino que también puede describirse como inmoral y desdeñable. La guerra contra las drogas, el caso Odebrecht, Ayotzinapa y la casa blanca son algunos ejemplos de los eventos que podríamos haber sancionado como ciudadanos.
Sólo un presidente que confía en el apoyo de su gente podría haber impulsado la revocación de mandato. Por esta razón, la labor que tenemos frente a nosotros es trascendental. En este proceso electoral no sólo evaluaremos el desempeño de la administración federal actual, sino también retomaremos el poder que nos fue negado por tanto tiempo. Con nuestra participación en la revocación de mandato le estamos apostando al futuro de la democracia mexicana. La responsabilidad es inmensa y tenemos que estar a la altura de la ocasión.
En la actualidad, la Constitución Política reconoce el derecho de las y los ciudadanos mexicanos de acudir a las urnas para emitir su voto y elegir a sus representantes, pero también de participar en las elecciones como observadores o funcionarios de casillas. Sin embargo, en muchos casos este derecho no se hace efectivo debido a diferentes circunstancias, sobre todo laborales. En nuestro país, más de 4 millones de personas declararon que trabajan en domingo, día designado por la ley para llevar a cabo procesos de elección de gobierno y de revocación de mandato. Por este motivo, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que tengo el honor de presidir dentro del Senado de la República, se dictaminó una minuta que busca dar a las y los trabajadores las facilidades necesarias para poder hacer uso efectivo de sus derechos político-electorales, incluyendo la obligación de las y los empleadores de otorgarle a la clase trabajadora el tiempo necesario para acudir a las urnas, sin que haya represalias.
Con este dictamen dimos un paso transcendental para garantizar que el voto de las y los trabajadores tenga el mismo peso que el de cualquier otro ciudadano. Además, evidenciamos y debilitamos a todos aquellos que se resisten a los cambios que el pueblo mexicano ha demandado por tanto tiempo. Al participar en el proceso de revocación de poder, las y los ciudadanos estamos recuperando nuestra democracia.
