René Gavira Segreste, vinculado a proceso por las acusaciones de utilizar 100 millones de pesos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) para invertir en la bolsa, según informó ayer la Fiscalía General de la República (FGR), es una figura central de la red de corrupción que ha lastrado a ese organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Gavira Segreste llegó a Segalmex junto con su director, Ignacio Ovalle, y hasta mediados de 2020 fue director de administración y finanzas, cuando dejó el puesto en medio de señalamientos de sus compañeros y subalternos. Como ha documentado La Jornada, las primeras denuncias fueron interpuestas en 2019, apenas unos meses después de la fundación de Segalmex.

En julio de 2019, Gavira fue acusado por trabajadores de Segalmex y de sus empresas Diconsa y Liconsa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por irregularidades como contratar a parientes cercanos, incrementar injustificadamente el número de plazas de altos funcionarios, pagar a un guardaespaldas con recursos públicos y realizar despidos injustificados, según extracto de una denuncia.

Estas anomalías, sin embargo, son sólo una parte de los señalamientos de corrupción en los que el ex funcionario se ha visto envuelto: ese mismo año fue responsable de la adjudicación directa de siete contratos por cerca de 800 millones de pesos a empresas cuyos propietarios han sido señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de participar en un esquema de contratación ilegal.

También estuvo bajo su supervisión el contrato por 245 millones de pesos para la renta de equipo de laboratorio a MicroCredit, empresa sin empleados registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y que subcontrató a una firma inhabilitada por la SFP, según una auditoría realizada por el órgano interno de control de Diconsa.

Otras irregularidades en el periodo en que Gavira Segreste estuvo en Segalmex son las que la ASF detectó en la fiscalización de la cuenta pública 2020, cuando Liconsa colocó 850 millones de pesos correspondientes a recursos públicos en certificados bursátiles fiduciarios privados, los cuales fueron recuperados. Además, la ASF reveló que las irregularidades detectadas en Segalmex y sus empresas podrían ascender a 8 mil 600 millones de pesos sólo en 2020.

Ayer se conoció que un juez federal encontró que hay elementos suficientes para procesar a Gavira Segreste por su posible responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. El ex funcionario podrá seguir su juicio en libertad, sólo sujeto al pago de una fianza, la prohibición de salir de la ciudad y la obligación de acudir cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.

La FGR acusa a Gavira Segreste de utilizar dinero público en el mercado de valores, pues registros financieros revelaron que en junio de 2020 adquirió 100 mil títulos bursátiles con valor total de 100 millones de pesos por medio de una casa de bolsa.

El juez de la causa fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria. La FGR asegura que aportará elementos para comprobar varias irregularidades más detectadas en Segalmex.