Con el propósito de reducir 66 por ciento de los fondos que actualmente reciben los partidos políticos, la iniciativa presidencial de reforma electoral pretende cancelar las prerrogativas para su gasto ordinario, preservando únicamente los recursos destinados al financiamiento de campaña. En paralelo a esta restricción, se buscarán mecanismos para tener mayores controles de los apoyos privados que reciban los partidos políticos.

Como parte de la exposición de motivos, la iniciativa subraya que uno de los temas que suscitan mayor indignación en la opinión pública es la millonaria cantidad de recursos del erario que año con año son entregados a los partidos políticos nacionales y locales para el sostenimiento de sus estructuras y la obtención del voto. Subraya que anualmente se destinan 11 mil millones de pesos para financiar las estructuras burocráticas partidistas.

El documento refiere que el financiamiento de las campañas partidistas es un requisito indispensable para garantizar la democracia y pluralidad, pero no es el caso de los recursos que se destinan al financiamiento ordinario. La legitimidad del sistema de partidos se sustenta en que estos cuenten con el apoyo social para desarrollar sus propuestas.

Al presentar la iniciativa en Palacio Nacional el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y especialista electoral, Pablo Gómez, aseguró que los partidos deben existir legalmente sólo con base en el voto popular que obtengan y las candidaturas independientes deben tener la suficiente cobertura para su existencia y representar a sus votantes en los órganos del poder al igual que los partidos políticos.

La cancelación de los recursos para el gasto ordinario pretende obligarlos a convertirse en instituciones autosostenibles mediante la captación de aportaciones estrictamente vigiladas. En los argumentos de la propuesta destacan que en el origen, este financiamiento para gasto ordinario surgió para evitar que el partido en el poder recibiera recursos directamente del presupuesto público generando una inequidad en la operación de los partidos.

El actual responsable de Aduanas y ex representante ante el Instituto Nacional Electoral de Morena, Horacio Duarte, aseveró que la propuesta pretende modificar 18 artículos constitucionales y contiene siete artículos transitorios.