Aunque en el siglo pasado no hubo en México golpes de Estado ni dictadura castrense, lo que sí tuvimos fue el montaje de todo un complejo militar-policiaco que tuvo efectos similares, en la violación a los derechos humanos, a los gobiernos de ese tipo en centro y Sudamérica, lo cual impidió el desarrollo de la vida democrática por décadas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó lo anterior al emitir una recomendación general dirigida a los tres Poderes de la Unión, así como a autoridades federales y estatales, a fin de realizar acciones para garantizar el privilegio a la verdad, la memoria y a la democracia.

Como parte de la recomendación –primera emitida por la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desaparición Forzada por la Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente, creada en enero de 2020–, se resalta que el Estado cometió entre 1951 y 1965 graves violaciones por medio de una estrategia represiva sistemática, cobijada de manera institucional para normalizar y encubrir, para obstaculizar los derechos civiles, controlar el ejercicio de la democracia, y perpetuar la impunidad y el olvido.

Además, se indica que tras la investigación hecha por la Oficina Especial, se ha constatado que la sistematización y perfeccionamiento del aparato de inteligencia-represión, dirigido por el Estado Mayor Presidencial y la Dirección Federal de Seguridad (en esa época), fue para impedir el libre juego democrático y afianzar el predominio político-electoral de un partido político, el Revolucionario Institucional (PRI).

El objetivo de la recomendación, aclara la CNDH en un comunicado, es esclarecer los hechos que se señalan, y dar cuenta del complejo represivo y contrainsurgente que montó el Estado para controlar el libre ejercicio de los derechos civiles en México, así como de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo esa mecánica de violencia política institucional.

Como muestra de ello, se documentaron 49 episodios violatorios de los derechos de militantes de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano y aliados, incluido el caso de los henriquistas, con la llamada masacre en la Alameda, en 1952.

Además, ejemplificó el asesinato del abogado de presos políticos, Marco Antonio Lanz Galera, en agosto de 1953; la desaparición forzada de tres militantes de la Federación de Partidos en 1954; el asesinato de Rubén Jaramillo, su esposa embarazada y tres hijos, en mayo de 1962, y la prohibición de cualquier reunión de sus militantes y partidarios, que se mantuvo hasta la década siguiente.

En ese periodo se registraron los primeros casos de desaparición forzada que nunca fueron expuestos y ni siquiera investigados; fueron acallados por años por los medios, por los historiadores particulares y por quienes elaboran la historia oficial, e incluso por los investigadores y defensores de derechos humanos, por lo que persiste ese hueco.

El organismo pidió reconocer las graves violaciones en ese periodo y llamó a una reflexión profunda para establecer medidas de no repetición permanentes e irreversibles, así como documentarlas en libros de texto.