La Comisión Especial del Senado encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidios impulsará la revisión de normas, programas y protocolos de actuación para enfrentar ese delito que, en la última década, ha ido en ascenso y cuyas víctimas no son únicamente mujeres adultas, sino también niñas y adolescentes.

En el Senado hay varias reformas en la materia pendientes de dictaminar, entre ellas la minuta que penaliza hasta por 40 años el feminicidio consumado o en grado de tentativa punible, es decir, el intento de asesinar a una mujer.

Esto último, se detalla en la exposición de motivos, ya que en la mayoría de los feminicidios hay antecedentes de violencia extrema que, de haberse penalizado, podrían haber salvado la vida de las mujeres.

Por ello, en esa reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Ejecución Penal y al Código Penal Federal, se establece la prisión preventiva oficiosa tanto a quien comete feminicidio como a quien lo intenta. La minuta llegó al Senado pocas horas antes de que terminara el último día de sesiones del pasado periodo, el cual concluyó el 30 de abril y quedó pendiente para septiembre.

Sin embargo, desde esta comisión especial, que preside la senadora de Morena Gabriela López Gómez, se impulsará esa minuta como parte de su Programa de Trabajo 2022-2023, que además promoverá la homologación del marco jurídico federal en las 32 entidades federativas.

La finalidad es armonizar todos los tipos de agresiones de género, incluido el feminicidio y la violencia feminicida, considerados en el Código Penal Federal y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En el informe, las senadoras de todas las fuerzas políticas que integran esa comisión advierten: Estamos frente a un fenómeno que lacera el tejido social de manera trascendente, al cambiar drásticamente la vida de las familias afectadas que se enfrentan, en la mayoría de los casos, a la indolencia, la negligencia y al desinterés de las autoridades competentes, lo cual conduce a que prevalezca la impunidad.

Por ello, se impulsarán mecanismos de coordinación con los responsables para estandarizar los protocolos de actuación y lineamientos de las instituciones, así como los de las instancias de procuración e impartición de justicia, con el fin de reducir la impunidad, además de mejorar la prestación de servicios y atención para mujeres y niñas víctimas de violencia.

En ese sentido, buscarán un diálogo permanente con los gobernadores de los estados con mayor índice de feminicidio, con el objeto de conocer las medidas que se están implementando para atender esta problemática y, así, buscar la forma de fortalecerlas o mejorarlas.