En una audiencia que podría durar más de 20 horas, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que los cuatro abogados acusados de formar parte de una red de corrupción para extorsionar al litigante Juan Collado formaron una asociación delictuosa junto con Julio Scherer, ex consejero jurídico de la Presidencia, a fin de delinquir de noviembre de 2018 a julio de 2021, para despojar a Juan Collado de su empresa Caja Libertad y obtener bienes inmuebles.

Se debe señalar que en este procedimiento que la FGR pretende llevar a cabo en contra de los litigantes Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Issac Pérez Rodríguez, el Ministerio Público Federal (MPF) no ha formalizado ninguna acusación contra el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, pese a que lo ha considerado el punto central del tráfico de influencias en esa red de corrupción.

En una audiencia que de manera inicial seguía desahogándose hasta la medianoche y que podría extenderse hasta entrada la mañana de hoy, los representantes del MPF han señalado que los cuatro abogados imputados llegaron a advertir a Collado que Julio Scherer controlaría todo el aparato de justicia.

Asimismo, teniendo como cabeza de la representación de la FGR al fiscal Manuel Granados Quiroz, se ha mencionado que los litigantes advirtieron a Collado que Scherer era el único camino para arreglar su caso, ya que se trata de una cuestión política, y lo jurídico tendría que pasar por ellos porque cualquier otro despacho sería bloqueado.

A decir de los ministerios públicos, los cuatro imputados –particularmente Juan Antonio Araujo y César Omar González Hernández–indicaron a Juan Collado y sus familiares que se abstuvieran de molestar a Julio Scherer, porque así como ayuda, también perjudica y que para mostrar la capacidad que tenía para traficar influencias no había otro camino a la libertad, ya que Julio Scherer tiene influencia en el Poder Judicial de la Federación, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al cierre de esta edición, el Ministerio Público Federal formalizó la petición de imputación contra los cuatro litigantes por los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión agravada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y de entrada los cuatro investigados ya solicitaron al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna que defina su situación jurídica en esta misma audiencia.

El MPF hizo una moción para señalar que consideraba inadmisible que entre los representantes legales de los imputados estuviera Alejandro Robledo Carretero, quien fue designado por Julio Scherer entre los abogados defensores de los coacusados pese a ser subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz.

Respecto del abogado Agustín Acosta (quien defendió a René Bejarano en el llamado caso de los videoescándalos), el Ministerio Público criticó que también asistiera a los investigados, porque fue socio de Julio Scherer y además en su despacho se recibió un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera que sirvió para extorsionar a Collado y que éste entregara inicialmente 10 millones de pesos.

Asimismo, cuestionó la participación de Diego Madrazo Labardini, quien trabaja en el mismo despacho que los investigados. El fiscal Manuel Granados advirtió que podrían resultar coinculpados en este caso.