Santiago. El presidente chileno, Gabriel Boric, 48 horas después de ordenar el despliegue militar en el sur del país, en un intento por frenar la crisis de seguridad y de orden público existente en la zona, declaró tener la más plena convicción de que ello no resolverá el desencuentro histórico entre el pueblo-nación mapuche y el Estado chileno, reiterando su voluntad de diálogo con las fuerzas en conflicto.

Si no nos hacemos cargo del fondo y sólo lo abordamos desde la vertiente del orden público y la seguridad, nos vamos a equivocar; ya otros gobiernos intentaron ese camino y fracasaron, dijo durante una visita a la localidad rural de Alhué, 140 kilómetros al suroeste de Santiago, donde inauguró un centro de salud familiar.

Tenemos que poner más empeño al diálogo, ese es nuestro objetivo y lo estamos haciendo, garantizando la seguridad sin complejos ideológicos, como me corresponde como jefe de Estado, y llevando adelante un plan para abordar el problema de fondo, que es la deuda del Estado chileno con el pueblo-nación mapuche, agregó.

En las regiones del BioBío, de La Araucanía y de Los Ríos –en el Wallmapu mapuche, de unos 72 mil kilómetros cuadrados–, desde hace 20 años se desarrolla un creciente movimiento indígena subversivo por la recuperación de sus tierras y autonomía; el conflicto y la represión policiaca han dejado decenas de muertos, tanto mapuches como no indígenas, incontables heridos y grandes pérdidas materiales, porque los órganos de resistencia mapuche incendiaron maquinaria agrícola, forestal y bienes inmuebles.

La mayor parte de esas tierras, unos 5 millones de hectáreas, están en posesión de dos conglomerados forestales que los explotan intensivamente, para lo cual arrancaron los bosques nativos y los remplazaron por plantaciones de pino y eucalipto.

Tengo la más plena convicción de que esto (recurrir a las tropas) no resuelve el problema y por eso decretamos un estado de excepción acotado a las carreteras para asegurar y garantizar el libre tránsito, dijo Boric, agregando que su gobierno se empeñará en un plan que incluye la compra de tierras para comunidades indígenas, la construcción de caminos, un diálogo (garantizado) con veedores internacionales, una recomposición de confianzas, porque tenemos un problema de fondo que creció mucho en los últimos años.

El presidente lo justificó en que tenemos el deber de ejercer todas las facultades que la ley nos permite para garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio nacional, el abastecimiento y el libre tránsito.

Al preguntarle por qué su gobierno decidió no perseguir judicialmente al líder indígena Héctor Llaitul, quien llamó a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y para la nación mapuche, Boric respondió que nuestro gobierno persigue delitos, lo haremos con todo el peso de la ley, pero nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones.

Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, apareció públicamente el miércoles en Temuco, 620 kilómetros al sur de Santiago y capital de La Araucanía, en una manifestación frente a la cárcel pública de esa ciudad, en solidaridad con los presos políticos mapuches –prisioneros comunes para el gobierno chileno– y para exigir su liberación.

Los territorios mapuches, desconociendo Chile pactos de coexistencia pacífica suscritos en 1825, fueron invadidos y apropiados a mediados del siglo XIX por militares que asesinaron a destajo. A inicios del siglo XX fueron entregadas a colonos europeos que formaron latifundios y que tras el golpe militar de 1973 pasaron a propiedad de las forestales.