El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su apoyo para que se libere a la brevedad a Juanita Alonzo Santizo, migrante maya guatemalteca detenida en Reynosa desde 2014.

Pido, respetuosamente al gobernador, que ojalá y nos ayude y que se libere a esta migrante, expresó el mandatario federal en su conferencia mañanera.

Están todas las pruebas de que fue torturada y de que lleva años presa. Incluso las autoridades de Tamaulipas ya aceptaron liberarla. Ojalá que lo hagan hoy [ayer] porque aceptaron que era una injusticia, expresó López Obrador.

Juanita Alonzo, de 33 años, salió de su comunidad en 2014 con la finalidad de buscar trabajo en Estados Unidos, pero durante su paso por México fue detenida, acusada de secuestro, y se le negó un traductor, a pesar de que prácticamente no hablaba español, bajo tortura fue obligada a firmar declaraciones en las que dice haber colaborado con tratantes de personas.

La mujer de origen maya chuj fue víctima de tortura y discriminación, de acuerdo con organizaciones que han acompañado su caso, como Promotores de la Liberación Migrante y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Júarez.

Solicitud de la ONU

Desde septiembre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU determinó que la privación de libertad de Juanita es arbitraria y pidió al gobierno de México su liberación dentro de los seis meses ­posteriores.

Familiares de la migrante ­guatemalteca estuvieron en territorio mexicano la semana pasada para exigir su libertad como parte de la decimosexta Caravana de madres de migrantes centroamericanos desaparecidos en México.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana se sumaron al llamado del mandatario para que sea liberada y refrendaron su exigencia de que la fiscalía local se desista de las acusaciones contra Juanita.

Recordó que se han denunciado de manera constante violaciones a los derechos humanos de la migrante chuj, quien lleva presa siete años tras una detención arbitraria por medio de una obtención de confesiones bajo tortura [que] han sido retomadas por el Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU y por la Comisión de Derechos Humanos del estado.