Tlaxcala, Tlax., Para frenar los feminicidios y desapariciones de mujeres es necesario establecer una política que disminuya los niveles alarmantes de impunidad existentes en el país, los cuales están encima de 90 a 95 por ciento, señaló Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Entrevistado durante la consulta regional de la Recomendación General 39 del Comité Cedaw, advirtió que paralelamente se deben atacar las causas que generan estas violencias, y eso toma más tiempo. De no adoptar esa medida se seguirá facilitando la reiteración de esas agresiones, pero también advirtió que incluso “luchar contra la impunidad no va a alcanzar.

“Hay un problema que atraviesa una serie de aspectos vinculados a violaciones a los derechos humanos si se habla de feminicidios, de violencia contra la mujer, de asesinatos de periodistas y de desapariciones, y es la impunidad. En la medida que el mensaje que se envía es: ‘si usted hace esto, no pasa nada, no va a ser identificado y no va a ser sancionado’, se facilita la reiteración” del ilícito.

En el contexto del reporte de 100 mil desaparecidos en México, Fernández-Maldonado mencionó que aunado a ello hay 52 mil cuerpos o restos sin identificar, y aunque dijo que se están haciendo esfuerzos por parte de las autoridades, la magnitud del fenómeno es tal que se requieren todavía muchísimos más.

En el tema de los desaparecidos, se conjunta el hecho de que no hay una investigación al respecto e insistió en que se requiere de una política integral, e intentar desagregar datos, y es que precisamente por la naturaleza (del fenómeno) es muy difícil saber quiénes son, dónde están, si eran mujeres, si eran jóvenes o eran migrantes.

Además otros aspectos centrales son la voluntad política de las autoridades nacionales y locales y los presupuestos que se asignen a las tareas de búsqueda, identificación y reparación de daños.

En cuanto a Tlaxcala, explicó que en el tema de la trata de mujeres no sólo estamos hablando de crímenes trasnacionales y de organizaciones muy poderosas con una enorme capacidad de corrupción y de ejercer violencia, sino también de desplegar una respuesta articulada de los gobiernos federal y estatal, así como de dar herramientas, presupuesto y seguridad a los funcionarios para combatir esos ilícitos.