La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y las instancias estatales de este tipo carecen de herramientas para, entre otras cosas, pedir cateos o solicitar información de llamadas que podrían ser determinantes en la localización de personas; todo eso sí lo tienen las fiscalías estatales o la federal, no obstante, hay resistencias para compartir detalles, expuso Karla Quintana, titular de ese organismo.

Recalcó que de no entenderse que se trata de un tema de Estado, difícilmente se podrán dar los resultados que esperan los familiares de las víctimas. Para facilitar sus acciones, llamó a una discusión incluso en materia constitucional que permita a otras instancias tener mayor participación y facultades.

Luego de que la semana pasada se superaron las 100 mil personas reportadas como desaparecidas, Quintana enfatizó que no son cifras; son personas, son familias que se han roto, pero el conteo permite analizar las desapariciones de manera amplia para establecer políticas públicas.

Indicó que las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a atender los casos, al igual que las legislaturas y las fiscalías, pero la búsqueda de personas y la prevención “es un asunto de Estado, y así se tiene que ver, mientras no lo entendamos desde las distintas autoridades desde esa perspectiva, más allá de ‘te toca a ti, me toca a mí’, lo único que estamos haciendo es abonar a la no resolución de la crisis”.

Hay más de 52 mil cuerpos sin identificar

En entrevista con La Jornada, señaló que una institución no puede resolver sola una crisis multifactorial. También indicó que acompañada a las desapariciones está la crisis forense (con más de 52 mil cuerpos sin identificar, por lo menos) y en materia de justicia hay una alta tasa de impunidad.

“Mientras no haya un mensaje claro que si desapareces a alguien va a haber una consecuencia, evidentemente hay un campo abierto a la impunidad y a la repetición de los hechos. Si todas estas crisis las juntas con las diferentes violencias se da este escenario, que por más que se avance –poco o mucho, según la evaluación– si no es paralelamente de manera integral no va a haber los resultados a los que las víctimas tienen derecho.”

Reprochó la falta de colaboración de algunas instancias. Por ejemplo, “se piden más de 400 campos de información a las autoridades, principalmente fiscalías –más de 70 por ciento es proporcionada por esas dependencias– y no nos dan toda. Eso podría ser muy valioso para la búsqueda de personas”.

Adujo que la falta de cooperación es multifactorial, y aunque hay personal muy comprometido si no hay una directriz desde la cabeza, son esfuerzos aislados.

Otras causas de la negativa es que evidentemente nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, y creo que en el fondo hay temor para muchas personas que están ahí de que podrían verse involucradas por negligencia, acción o por omisión.

Quintana explicó que otro factor que obstaculiza las búsquedas es la diferencia jurídica entre personas desaparecidas y no localizadas, sobre lo cual en la CNB no están de acuerdo con esa clasificación, ya que la diferencia es que se considera a las segundas como no haber sido objeto de un delito.

La fiscalía tiene dientes jurídicos para hacer cosas que nosotras las comisiones no podemos hacer, yo no puedo pedir una sábana de llamadas, no puedo pedir una orden de cateo, no puedo pedir una geolocalización. Todo tiene que pasar por un Ministerio Público.

Ante eso, pueden decir que las comisiones tienen la obligación de buscarlas, sí, pero ¿con qué herramientas jurídicas?

Reconoció que esto la deja con una frustración absoluta, porque más allá de a quién le toque no se trata de pelearnos atribuciones, sino de que se haga. Si no lo va a hacer por la razón que sea, que nosotros consideramos injustificada en términos del fin último que es localizar a las personas, se debería permitir que otros las hiciéramos.