El juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México concedió una suspensión provisional a Jorge Luis Lavalle Maury, ex senador del PAN, que ordena aplazar la apertura del juicio oral en el proceso penal en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

Las autoridades relacionan al panista con actos de corrupción por aprobar las reformas estructurales en el sexenio anterior, al recibir supuestamente sobornos con recursos provenientes de Petróleos Mexicanos y de la constructora brasileña Odebrecht.

El efecto de la medida cautelar es para que una vez que concluya la fase intermedia, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al Reclusorio Norte, se abstenga de decretar la apertura de la fase de juicio oral hasta que sea notificado de la resolución de la audiencia intermedia.

El impartidor de justicia apuntó que la determinación no constituye la concesión del amparo, sino sólo una medida provisional. Esta medida cautelar debe ser acatada por la autoridad responsable, apercibida que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que equivale a 4 mil 800 pesos.

El juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal admitió a trámite el juicio de amparo al acatar la resolución del Quinto Tribunal Colegiado en materia penal, ya que el ex senador panista busca que el Ministerio Público Federal investigue los movimientos financieros que realizó Jesús Caraveo Opengo, quien según la versión gubernamental fue el encargado de entregar sobornos a legisladores para que aprobaran la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

Audiencia, el 1º de junio

El juez federal fijó la audiencia incidental para el próximo 1º de junio, donde resolverá si le otorga al ex senador la suspensión definitiva. Lavalle, quien en la actualidad se encuentra preso, supuestamente recibió 97 millones 190 mil pesos por aprobar la reforma energética y realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita por al menos 52 millones 390 mil pesos, por lo que puede alcanzar una pena de prisión mínima de 12 años y una máxima de hasta 39 años de prisión, así como la reparación del daño.