costumbrada a que toda autoridad doble las corvas y le aplauda todos sus excesos, que son muchísimos, la trasnacional española Iberdrola se topó con pared y, por fin, tras innumerables tropelías amparadas por el régimen neoliberal, deberá pagar cerca de 450 millones de dólares por la venta ilegal de electricidad, uno de sus tantos negocios sucios con el pretexto de generar energía limpia.

La Jornada (Alejandro Alegría) lo resumió así: la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó una sanción económica por poco más de 9 mil 145 millones de pesos a Iberdrola Energía Monterrey (IEM), filial de la trasnacional que incurrió en la venta de electricidad bajo el esquema de autoabastecimiento, según una resolución emitida por el regulador. El pasado miércoles el órgano de gobierno aprobó en su sesión extraordinaria tres proyectos de resolución de procedimientos administrativos de sanción en materia de electricidad e hidrocarburos, aunque no ofreció detalles. Sin embargo, este viernes publicó la resolución RES/466/2022, la cual detalla la multa impuesta a IEM, titular del permiso de generación de energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento E/205/AUT/2002.

Dicha información subraya que la multa se trata del monto más alto impuesto por el regulador; la CRE encontró que IEM incurrió en la venta de energía eléctrica a terceros, acción que no está permitida por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Iberdrola ha incurrido en la venta de energía generada en la planta ubicada en Pesquería, Nuevo León, a más de 400 empresas, entre las que se encuentra Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma y Cemex. Ello fue demostrado con comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) emitidos por IEM entre el 1º de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2020.

La CRE concluyó que el proceder de Iberdrola fue de carácter grave, ya que a sabiendas que tiene la obligación de no vender, revender o enajenar por ningún título, directa o indirectamente, capacidad o energía eléctrica, salvo los casos autorizados por la ley, inobservó la norma llevando a cabo la conducta prohibida por la misma. A Iberdrola, pues, le pegaron donde le duele: en el bolsillo. A robar a otra parte.

No hay que olvidar que el pasado 31 de enero venció el permiso de generación de Iberdrola Monterrey (y la autoridad no lo renovó), por lo que la CFE comenzaría a suministrar energía a más de 400 empresas hasta entonces abastecidas (ilegalmente) por la trasnacional. Sin embargo, de inmediato entró en acción la plaga de jueces a modo (con Juan Pablo Gómez Fierro a la cabeza) y amparó al consorcio español para que siguiera con sus tropelías (por cierto, esas prácticas sucias son calificadas por los neoliberales como certeza jurídica para los inversionistas), entre ellas la venta ilegal de energía eléctrica, por medio de la figura de autoabastecimiento.

A estas alturas existen 239 centrales de autoabasto con –se supone– el mismo número de consumidores de energía eléctrica bajo esa figura (es decir, uno por permiso), pero en los hechos tales centrales ilegalmente abastecen a cerca de 78 mil socios, o lo que es lo mismo grandes consorcios que por el arco del triunfo se pasan la ley.

Las rebanadas del pastel

Silencio sepulcral guarda la Secretaría del Trabajo ante el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la artificialmente prolongada huelga en Notimex, durante la cual tanto esa dependencia como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje han incumplido con sus responsabilidades, al negar el derecho de representación de una de las partes (el Sindicato Independiente de Trabajadores de Notimex) y privilegiar a otra (el Sindicato Único de Trabajadores de dicha agencia de noticias, asesorado por el papá de Luisa María Alcalde), de acuerdo con la sentencia del máximo tribunal del país. Ante tal situación, el Presidente de la República está en aptitud de actuar en dicho procedimiento de huelga, pues éste es quien tiene la representación en la junta de gobierno y, en consecuencia, de los trabajadores sindicalizados de la agencia de noticias. Entonces, tras dos años y pico, a lo largo de los cuales manos ajenas han pospuesto, una y otra vez, la solución del problema, la agencia del Estado mexicano está en posibilidad de reiniciar actividades, al tiempo que la autoridad –que ha actuado de manera facciosa– debe sacar las manos y cumplir con la ley, que para eso está, no para defender los intereses de sus seres queridos.

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