Por resolución del tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, la investigación acerca de la llamada Casa Blanca, que involucró al ex presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y a la empresa Higa, concluyó con sanciones a los ex funcionarios identificados como responsables de la desaparición del expediente en el que constarían las pruebas de los actos ilícitos, con un castigo en el cual los indiciados únicamente deberán realizar acciones de servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado la documentación original y dejado en su lugar una copia de la versión pública con todos los datos importantes testados (tachados o borrados).

A pesar de la oposición de los representantes de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes argumentaron que se debía sancionar con pena de prisión a los indiciados, porque el agravio causado lo resintió directamente la SFP, y la sociedad en general por el tipo de asunto materia de investigación, pues el expediente extraviado es de trascendencia nacional, la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola determinó concederles lo que se denomina un mecanismo alterno de solución y una suspensión condicional del proceso penal.

La resolución del tribunal fue emitida en septiembre de 2021, y el pasado jueves 26 de mayo un juez de control con sede en el Reclusorio Norte cumplió la sentencia dictada por la magistrada Porras Odriozola.

La impartidora de justicia concedió los beneficios de la suspensión condicional dentro de la resolución emitida en la Toca Penal 206/2021-NS –de la cual La Jornada tiene copia–, a José Gabriel Carreño Camacho, ex subsecretario de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas; a Jesús Antonio Suárez, ex director general de denuncias e investigaciones, y a Daniel Pérez Rueda, ex director general adjunto de investigaciones B, todos de la SFP, que tuvieron bajo su responsabilidad el resguardo del expediente original de la investigación realizada por la SFP en 2015.

Se retoma en 2018

De acuerdo con los antecedentes del caso, en diciembre de 2018, por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, la entonces titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, se fijó como objetivo acreditar la corrupción del sexenio de Peña Nieto y solicitó el expediente del escándalo conocido como la Casa Blanca, ya que la dependencia exoneró administrativamente al ex mandatario y a su esposa, pero la SFP no había presentado la correspondiente denuncia penal.

Información desahogada durante las audiencias iniciales de la causa penal 56/2021, construida con las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (Femcc), que dirige María de la Luz Mijangos Borja, se detectó que el expediente original había desaparecido y en su lugar había una versión pública de la resolución, sin anexos, ni los contratos que presuntamente firmó Angélica Rivera con Televisa, ni las pruebas que acreditaran los ingresos para adquirir la llamada Casa Blanca, ni el dictamen contable que supuestamente se elaboró durante la gestión de Peña Nieto.

Se debe mencionar que en mayo de 2019 la SFP presentó una denuncia ante la Femcc en contra de quien resultara responsable de la desaparición de dicho expediente.

Por esa razón la Femcc no pudo investigar el fondo del caso, es decir, los actos de corrupción relacionados con el inmueble.

Los tres ex funcionarios de la SFP fueron llevados a juicio, debido a la laxitud de la ley para sancionar el delito de ejercicio indebido del servicio público y que la condena de cárcel no superaba los cinco años como media aritmética, el juez de control –que inicialmente se había negado a otorgar los beneficios de la suspensión condicional del proceso–, decidió, con base en la resolución del tribunal unitario, que los acusados sólo realizaran actividades de servicio social y ofrecieran una disculpa pública por haber desaparecido el expediente original del caso y dejar en la bóveda de seguridad de la Auditoría Superior de la Federación una copia testada de la versión pública de la investigación realizada.

En noviembre de 2014, López Obrador indicó durante una gira proselitista por Tabasco: Todavía busco al tonto que crea que el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú vendió al Presidente la residencia de Lomas de Chapultepec, valuada en 85 millones de pesos.

Se ha señalado que durante los mandatos de Peña Nieto como gobernador del estado de México y presidente de la República incurrió en diversas irregularidades para la asignación de obras al empresario Hinojosa Cantú, como la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las obras para el Tren México-Querétaro, el Acueducto Monterrey IV, la autopista Toluca-Naucalpan y la remodelación del hangar presidencial.