Debido a distintas irregularidades y omisiones de la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Querétaro y la Procuraduría de Tlaxcala, en la atención de una denuncia presentada por una víctima de trata de personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a dichas instancias para garantizar una atención adecuada y determinar las probables responsabilidades legales de los servidores públicos involucrados.

El caso deriva de una queja presentada por la madre de una mujer a la que había reportado como desaparecida desde hace 15 años, la cual fue rescatada en Tlaxcala junto con sus tres hijos menores de edad.

Tras la denuncia ante la FGR por trata, así como por los delitos de matrimonio forzado y servil, y por trabajo forzado, dicha instancia se declaró incompetente para tratar el asunto y remitió la investigación a la fiscalía queretana.

Una semana antes del rescate, la víctima sufrió una agresión sexual. Pese a ello, la FGR omitió hacer un examen especial de tipo ginecológico, a efecto de establecer la presencia o no de lesiones de tipo sexual, aunque éstas no fueran recientes y, en caso de existir, brindarle un tratamiento médico y quirúrgico especializado.

Tampoco se realizó una valoración sicológica, como lo establecen los protocolos, indicó el organismo por medio de un comunicado.

Las mismas omisiones las cometieron servidores públicos de la fiscalía queretana y de la procuraduría de Tlaxcala.

Dichos exámenes eran necesarios para obtener elementos de prueba e indagar los actos de violencia sexual denunciados y, en su caso, otorgar a la agraviada la atención especializada que requiriera, a pesar de ser una obligación expresa, lo que acreditó una falta de debida diligencia para investigar los hechos denunciados por la víctima, agregó la CNDH.

Además, los servidores públicos incurrieron en dilaciones injustificadas en los informes de las indagatorias y pasaron por alto datos de la FGR, con el objeto de agotar diversas líneas de investigación, lo cual vulneró el derecho de justicia de la víctima.