Managua. El Parlamento de Nicaragua, que domina el gobierno de Daniel Ortega, decidió ayer el cierre de la Academia de la Lengua del país, señalada junto a otras 82 organizaciones sin fines de lucro de incumplir la ley por no declararse agente extranjero, según la agenda de sesiones legislativas.

La Academia Nicaragüense de la Lengua, con sede en Managua, fue creada en agosto de 1928 y entre sus miembros destacados figura el escritor Sergio Ramírez y la novelista y poetisa Gioconda Belli, ambos radicados en España.

La propuesta para la cancelación de 83 ONG, que incluye a la Academia, fue presentada por el presidente de la Comisión de Justicia y Gobernación, el sandinista Filiberto Rodríguez, quien señala en la exposición de motivos que no se inscribieron como agentes extranjeros, a lo que están obligados por ley.

La Real Academia Española (RAE) expresó el lunes pasado su profunda preocupación por la noticia del posible cierre de su entidad homologa nicaragüense, lo que causará su desaparición después de 94 años de servicio al mayor valor cultural de la nación.

La entidad española destacó que la Academia Nicaragüense es fundamental para el cuidado de la lengua (y) desarrolla una labor incansable en beneficio directo del pueblo, que es el dueño del idioma.

Asimismo, menciona que como miembro de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), la rama nicaragüense cumple la función de promover el idioma común como el mejor instrumento de diálogo, concordia y entendimiento entre los pueblos hermanos.

En términos semejantes se pronunciaron las academias de la Lengua de Chile, Argentina y Ecuador.

Ni Somoza lo hizo

Gioconda Belli dijo en Twitter que pese a los 94 años de existencia, ahora salen con que no ha llenado requisitos y que le suspenderán personería a una academia que es apolítica por naturaleza. Ni Somoza lo hizo.

Aludió así a la dictadura de los Somoza, que gobernó con mano de hierro los destinos de Nicaragua entre 1937 y 1979, cuando fue derrotada por la revolución sandinista encabezada por Ortega y que tuvo al ahora exiliado Sergio Ramírez entre sus figuras.

El gobierno aprobó a finales de 2020 una ley que obliga a organizaciones de la sociedad civil y personas jurídicas que reciben fondos del exterior a registrarse como agentes extranjeros y a rendir cuentas de cómo gastan el dinero o cómo utilizan las donaciones que reciben.

Con estas 83 ONG aumenta a más de 200 entidades canceladas por el gobierno de Ortega desde 2018, en el contexto de la crisis detonada por las protestas antigubernamentales, que dejaron un saldo de más 355 muertos y miles de exiliados.

El gobierno acusa a estos organismos, entre ellos los defensores de derechos humanos, de utilizar las donaciones recibidas para intentar derrocar a su gobierno con apoyo de Estados Unidos.

El mandatario, de 76 años, que integró la primera junta de gobierno sandinista en 1979 y luego fue presidente entre 1985 y 1990, regresó al poder en 2007, donde se mantiene tras obtener un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre, con sus rivales presos.