La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a fortalecer la investigación sobre los hechos violentos contra integrantes de la comunidad indígena nahua de Coyomeapan, Puebla, del 9 de mayo pasado, en los que participaron efectivos de la policía estatal, y que dejó como saldo tres personas muertas y seis heridos.

Manifestó que en seguimiento al caso, los días 26 y 27 del mismo mes llevó a cabo una misión al estado y sostuvo encuentros con las víctimas sobrevivientes y sus familiares. La Oficina también se reunió con diversas autoridades de la entidad y se entrevistó con Basilisa Montaño Gutiérrez, defensora indígena de derechos humanos de Coyomeapan, privada de la libertad en el Centro de Readaptación Social de Tehuacán, junto con otros tres activistas.

La ONU-DH sostuvo que a partir de la información recibida, una hipótesis fundamental de investigación es la relación entre las ejecuciones extrajudiciales y la criminalización de las personas de Coyomeapan con la disputa por el control de los recursos naturales de la zona y el conflicto poselectoral que se vive en la comunidad desde el verano de 2021.

Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la citada Oficina, expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza por integrantes de la policía estatal. Este tipo de acciones, señaló, “no corresponde a una policía civil que actúa bajo estándares internacionales que establecen el uso estrictamente excepcional de la fuerza letal.

Puntualizó que todo hecho en el que un agente estatal haya ocasionado la muerte a una persona debe investigarse de oficio de manera completa, exhaustiva e independiente, en un plazo razonable.

En un comunicado, la ONU-DH alentó a las autoridades a implementar las medidas de protección y atención necesarias para las personas afectadas y sus familias, así como para los defensores de dicha comunidad. Invitó al estado a respetar y garantizar el derecho al territorio y a la libre determinación.