Habitantes de pueblos y barrios originarios empezaron a recolectar firmas a fin de impugnar la convocatoria que emitió el gobierno capitalino para constituir el sistema de registro y documentación de sus comunidades.

Académicos y defensores de derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas emitieron a su vez un documento en el que exhortaron a las autoridades a detener el proceso y reconsiderar sus términos con atención en los principios de consulta previa, libre e informada y que participen las mismas comunidades en su diseño y aplicación.

Rubén Ramírez, autoridad tradicional del pueblo Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán, explicó que la convocatoria publicada por la titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Laura Ita Andehui Ruiz, establece un procedimiento que viola el derecho de autoadscripción que garantiza la Constitución Política local.

Criticó que la determinación sobre qué pueblo, barrio y comunidad obtendrá la constancia de registro y con esto el reconocimiento de derechos dependerá de una comisión asesora y de la titular de la Dirección General de Derechos Indígenas, a cargo de la ex diputada local Donají Olivera.

En entrevista, explicó que mientras recaban las firmas convocarán a reuniones para deliberar sobre las instancias a las que irán con la finalidad de impugnar la convocatoria, como el Tribunal Electoral de la Ciudad de México mediante un juicio que proteja los derechos político electorales de los ciudadanos.

En el texto suscrito por más de 30 académicos, investigadores y activistas, se advierte que si bien la convocatoria tiene la finalidad de identificar con certeza jurídica y registrar a los sujetos colectivos titulares de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, limita el ejercicio de sus derechos al establecer que deberán ser ellos quienes acrediten ante la Secretaría de Pueblos que reúnen los criterios y características objetivas y subjetivas correspondientes, es decir, que la carga de la prueba recae sobre ellos.

Además, advierte que el plazo de tres meses que comenzó a correr a partir del pasado martes es inviable, se extralimita al pretender coartar su existencia en un espacio geográfico e ignora que los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes son sujetos portadores de derechos, que obedecen a identidades y particularidades diferenciadas, que no pueden tratarse de la misma manera en un registro que pretenda homogeneizarlos.