Tepic, Nay., Nuevamente y de manera consecutiva en los últimos 11 años el Centro de Reinserción Social (Cereso) Venustiano Carranza, ubicado en esta ciudad, destaca como uno de los peor calificados en el país, con 4.69 puntos del rango de uno a 10, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 dado a conocer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que evaluó a 270 centros estatales, 14 federales y tres prisiones militares, en los 32 estados de la República.

La CNDH publicó el informe de 832 páginas, donde a las tres cárceles del estado les correspondió la calificación en promedio de 5.21; Chihuahua tiene la máxima, con 7.77, y Tabasco la mínima, con 4.21.

En el caso del Cereso Venustiano Carranza, el informe lo registra con 4.69 de calificación, debido a factores como sobrepoblación, hacinamiento y la falta de prevención de violaciones a los derechos humanos de los internos, consecuencia directa, entre otras cosas, de la poca supervisión del funcionamiento del centro penitenciario por parte de su titular.

Construido en la década de los 60 del siglo pasado, sus instalaciones albergan a mil 865 hombres, cantidad que rebasa su capacidad original que es para 894 internos; además, durante la supervisión se detectaron deficiencias en la alimentación, malas condiciones materiales y falta de higiene en áreas como cocina, comedores y servicio médico.

En cuanto a gobernabilidad interna, se hallaron carencias en el proceso de imponer sanciones disciplinarias y se pudo notar que hay ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad con esquemas ilegales de autogobierno y cogobierno, falta de normas, como reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables, insuficiencia de personal de seguridad y presencia de actividades ilícitas, como cobros en extorsión y sobornos.

El resultado en lo general y en lo particular indica la existencia de uno de los problemas más complejas que se observaron de los centros penitenciarios supervisados, donde los reos realizan o participan en actividades propias de la autoridad, consigna el escrito.

De 2011 a la fecha, la más alta evaluación alcanzada por este penal fue 5.26 en 2019, durante el gobierno panista de Antonio Echevarría García y la más baja en 2014, con 3.97 en el mandato del priísta Roberto Sandoval Castañeda.