adie puede negar la solidez y longevidad del sistema político mexicano y de sus dos piezas fundamentales: la Presidencia de la República y el partido único. Ambas funcionaron impecablemente durante más de 60 años. Sin embargo, los historiadores señalan que este largo periodo estuvo manchado por varios fraudes electorales. Todo indica que las prácticas fraudulentas servían como mecanismos de defensa del sistema, cuando la ciudadanía se negaba a aceptar el sistema tapádico y quería imponer la democracia electoral.

En el 2000 el sistema se rompe porque el presidente en turno, Ernesto Zedillo, decidió respetar los resultados electorales y así triunfó el candidato del PAN, Vicente Fox, y nadie impugnó su elección. Sin embargo, este triunfo no inauguró un sistema democrático durable. En 2006, el presidente Fox interviene para impedir que un candidato opositor, AMLO, pueda triunfar y provocar una nueva alternancia. Y no sólo interviene Fox, sino también instituciones privadas y el ejército de maestros comandado por Elba Esther Gordillo. Aunque el Tribunal Electoral haya reconocido estas irregularidades su presidente declaró triunfador a Calderón. En 2012 se provoca una nueva forma de práctica fraudulenta. El monto de gastos permitido por la ley y por el IFE de $336,112,084.16 se rebasó por la cantidad fantástica de 4,599,947,834. Una comisión pluripartidista en las que participaron el PAN y el PRI, Comisión Monex meses después de que EPN había asumido la Presidencia llega a este cálculo. La Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea calificó en su informe muy duramente a las autoridades electorales y al árbitro, pero su informe fue cuidadosamente ocultado ante la opinión pública.

La transición vuelve a reanimarse hasta 2018. EPN –quien había alcanzado el poder presidencial por medios nada ortodoxos– frena a los actores de las prácticas fraudulentas y se logra la segunda alternancia, gana el actual presidente y el proceso no recibe ninguna impugnación importante. Las buenas prácticas electorales continúan en 2021, la elección intermedia más grande en la historia de México y tampoco hay impugnaciones significativas. Es decir, hemos podido tener dos grandes comicios en que se han respetado los votos populares. Esperamos que hoy en los seis estados en los que se competirá por las gubernaturas se mantenga la racha. Nada nos garantiza que haya arraigado para siempre la voluntad política de respetar la democracia electoral.