n sociedades con un modelo penal anacrónico y retribucionista, está mal vista cualquier negociación entre el Estado y las personas señaladas como probables responsables de la comisión de un delito. No se debe comercializar la justicia penal, se afirma, mientras al mismo tiempo se exige aplicar todo el peso de la ley a las personas investigadas.

Estas posturas, críticas de un esquema de justicia penal consensuada, coinciden con el perfil clásico de la abogacía conservadora: aferrada a un sistema penal cerrado (ajeno al dato político-criminal), defensora de penas duras y de la cadena perpetua y de muerte (aunque simula ser garantista) y no soporta la incorporación de la perspectiva de género en el sistema penal. En suma: asume una postura clásica del sistema, a pesar de su permanente fracaso en la investigación, la persecución del delito y la protección a la víctima.

Sin embargo, la implementación de un modelo procesal penal moderno y eficaz como el acusatorio, trajo como consecuencia la incorporación de nuevas formas para resolver el conflicto penal. El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla, desde su expedición, los denominados criterios de oportunidad. De entre éstos, hay uno que ha llamado fuertemente la atención por lo contundente de su apuesta: quien coopere con la autoridad aportando datos para perseguir un delito más grave del que se le imputa, repare el daño a la víctima y comparezca en juicio, se beneficia con la extinción de la acción penal.

El criterio de oportunidad no es una novedad en la región. En Estados Unidos se aplican desde hace décadas esquemas similares para perseguir a la delincuencia, especialmente la organizada, sin excluir los grandes casos de corrupción trasnacional, incluida la empresarial, con resultados que saltan a la vista: mediante la cooperación de quienes se acogen a un esquema como el aquí abordado y aportando datos a la fiscalía, se resuelven con éxito 90 por ciento de las investigaciones criminales. En Europa sucede algo similar: los grandes capos de la mafia italiana –por citar sólo un ejemplo–, ingresaron a prisión gracias a que un miembro de la organización cooperó con la autoridad. Más aún: hace unos meses se expidió en la Unión Europea una directiva que exige proteger al whistleblower (alertador), que obliga a los estados que la integran a brindar seguridad personal y jurídica, atención médica y sicológica, así como seguridad laboral, al testigo colaborador, mientras al mismo tiempo prohíbe imponer represalias en su contra: la idea es que, a quien tiene el valor de denunciar y cooperar con el sistema de justicia penal, se le debe proteger y fortalecer para que denuncie y ratifique, y no debilitar para que se desista.

El caso de Emilio Lozoya Austin tiene mucho en común con lo señalado. Se trata del servidor público de más alto nivel –del sexenio anterior– que se ha atrevido a denunciar el aparato organizado de poder, enfocado en la corrupción, implementado en el pasado. Denunció y aportó datos de prueba que sostienen sus afirmaciones –se ha ejercido acción penal en contra de, por lo menos, tres personas involucradas en su denuncia–, se ha comprometido a garantizar el pago de la reparación del daño a las víctimas y a ratificar, cuantas veces sea necesario, su denuncia ante los órganos jurisdiccionales. A pesar de los resultados tangibles, a Lozoya Austin se le ha denostado, criticado y estigmatizado. Es más, se le ha calificado de traidor y criminal confeso, mientras al mismo tiempo se ha ofendido a su madre, su padre y su familia. ¿Por qué sucede esto con un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República?

No hay que indagar demasiado para encontrar la respuesta: muchas personas están interesadas en que Lozoya Austin se quede en prisión –que no hable ni ratifique su dicho, que se calle–. En suma, que se hunda. No quieren perder sus privilegios ni enfrentarse al escrutinio judicial, después de que sometieron los recursos naturales de nuestro país a empresas extranjeras.

Para desgracia de las personas involucradas en este esquema de corrupción, Lozoya confía plenamente en el sistema de justicia penal y en el Presidente de la República, sabedor de que el Estado mexicano le proveerá de la seguridad y las condiciones de testigo colaborador, de conformidad con los estándares de un Estado democrático y de derecho.

* Investigador. Universidad Autónoma de Chiapas.