La masacre del 10 de junio de 1971 jurídicamente no está cerrada ni concluida, sostuvieron organizaciones encabezadas por el Comité 68 pro Libertades Democráticas, que demandan al gobierno que las iniciativas emprendidas para poner un alto a la impunidad se traduzcan en hechos reales y contundentes para llevar procesos de justicia eficaces y expeditos.

En conferencia de prensa, en la que convocaron a acudir a la marcha del viernes por el 51 aniversario del asesinato de estudiantes, Félix Hernández Gamundi, integrante del Comité 68, refirió que desde el gobierno federal existen diversas iniciativas, entre ellas la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas de 1965 a 1990, pero nosotros decimos que lo que se requiere son hechos concretos.

Recordó que la justicia nacional arbitrariamente cerró el caso, y por ello en 2006 interpusieron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por denegación de justicia y por atropello de los derechos de los quejosos. Sin embargo, a la fecha no ha habido respuesta precisa del Estado mexicano sobre los requerimientos que le ha hecho dicho organismo, en concreto los expedientes de las diversas dependencias que estuvieron involucradas en la represión del 10 de junio.

Sobre la movilización del viernes, los organizadores detallaron que saldrá a las 16 horas del Casco de Santo Tomas, del Instituto Politécnico Nacional, y culminará en el Zócalo con un mitin. Exigieron respeto y garantía para su realización y reiteraron que una marcha sin policías es una marcha pacífica.