El órgano interno de control (OIC) de la Secretaría de Salud (Ssa) investiga desde hace más de un año las presuntas irregularidades para la inclusión de medicinas, equipos y material de curación en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS, antes Catálogo y Cuadro Básico de Medicamentos) a cargo del Consejo de Salubridad General (CSG). Aunque cuenta con evidencia de las anomalías, posible corrupción y conflictos de interés de servidores públicos desde 2019, según oficios donde solicitó datos puntuales, el dictamen sigue ­pendiente.

En varias comunicaciones, de las cuales La Jornada tiene copia, el OIC solicitó duplicados de las evaluaciones de expertos para aprobar la inclusión de cinco productos de nutrición y el fármaco Borosumab para el control de una enfermedad rara. También pidió los documentos que se debieron presentar para justificar la incorporación al CNIS, así como la carta de no conflicto de interés de los evaluadores. Ante respuestas parciales, el OIC reiteró los requerimientos e incluso para algunos, dio al CSG un plazo de 24 horas hábiles para responder.

El Borosumab –indicado para el tratamiento de hipofosfatemia ligada al cromosoma X en niños de uno a 17 años con evidencia radiográfica de enfermedad ósea– se incorporó al CNIS el 24 septiembre 2021 y el OIC cuestionó sobre el nombre, cargo y adscripción del funcionario que revisó valoró y determinó que el producto cumplía cabalmente con los requisitos establecidos en el Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del sector salud.

Denunciantes señalan la conducta del titular del área César Alberto Cruz Santiago y colaboradores de, presuntamente, favorecer a las empresas para autorizar el ingreso de sus productos al CNIS. A cambio, supuestamente, los servidores públicos reciben dinero, y en algunos casos sumas millonarias, afirmaron personas que presentaron denuncias anónimas ante el OIC.

La importancia de que medicamentos, material de curación, equipos y dispositivos médicos formen parte del CNIS es que desde ese momento pueden ser adquiridos por las instituciones públicas de salud.

Denunciantes señalaron que por la difusión de las irregularidades, “en lugar de corregir y, por lo menos quitar a los funcionarios señalados, se desató un clima de hostigamiento contra los trabajadores del CSG, a quienes acusan –sin pruebas– de haber filtrado la información. A algunos, incluso, los despidieron”. La Jornada buscó a un trabajador afectado, pero no quiso hablar.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, y autoridades del sector han recibido información sobre las presuntas irregularidades en el CSG. Una carta, fechada el 19 de febrero de 2022, reiteró las acusaciones en contra de Cruz Santiago, quien ha actuado bajo notable conflicto de interés, porque también funge como presidente de Ispor capítulo mexicano.

Ispor agrupa a laboratorios farmacéuticos; se encarga de establecer estrategias de venta de insumos para la salud al sector público. Hasta hace unas semanas, Cruz Santiago tenía en su perfil de Twitter, su posición en Ispor.

El texto resalta que las acusaciones se formalizaron con denuncias ante el OIC, con folios: 9501/2022/P­PC/SS/DE111, 1869/2022 y 405­4­2/2021/PPC/SS/DE265. Éstas, se suman a otras que se presentaron ante la Secretaría de la Función Pública.