Londres. El gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, propuso ayer un proyecto de ley que cambiaría unilateralmente las normas comerciales para Irlanda del Norte después del Brexit, a pesar de la oposición de algunos parlamentarios de Gran Bretaña y funcionarios de la Unión Europea (UE) que señalaron que la medida viola el derecho internacional.

La propuesta pretende eliminar controles aduaneros sobre algunas mercancías que entran a Irlanda del Norte desde el resto del Reino Unido, lo que anularía partes del tratado de intercambio de bienes y servicios que Johnson firmó con la UE hace menos de dos años.

El gobierno británico sostiene que está actuando dentro del marco legal, pero la Comisión Europea declaró que de concertarse la medida emprendería acciones jurídicas contra Gran Bretaña.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, indicó que la rama ejecutiva estudiará la posibilidad de comenzar procedimientos de infracción para proteger al mercado único del bloque continental de los riesgos que la violación del protocolo crea para las empresas de los países miembros, así como para la salud y la seguridad de los ciudadanos.

La decisión arroja una sombra innecesaria sobre la cooperación entre la Unión Europea y Reino Unido, socavando la confianza y la credibilidad, tuiteó el alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell.

El portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Laborista británico, David Lammy, señaló que se trata de un intento desesperado de John-son para desviar la atención de los cuestionamientos a su liderazgo.

En Irlanda, el canciller Simon Coveney manifestó que el proyecto de ley “marca un punto particularmente bajo en el enfoque de Gran Bretaña para el Brexit”. El primer ministro irlandés, Micheal Martin, indicó que sería muy lamentable que un país como Reino Unido renegara de un tratado internacional.

Al dejar de lado las críticas, Boris Johnson declaró a los periodistas que el cambio propuesto es relativamente sencillo de hacer.

Francamente, es un conjunto de ajustes relativamente triviales en el gran esquema de las cosas, declaró a LBC Radio.

Argumentó que el compromiso legal superior y previo de su gobierno es con el acuerdo de Viernes Santo de 1998, que trajo la paz y la estabilidad a Irlanda del Norte.

Los arreglos para Irlanda del Norte –la única parte de Gran Bretaña que comparte una frontera terrestre con una nación de la UE– han demostrado ser la cuestión más espinosa en el divorcio de los británicos con el bloque, el cual se hizo definitivo a finales de 2020.

En el centro de las disputas está el Protocolo de Irlanda del Norte, que busca mantener la paz entre ésta región, que es parte de Reino Unido, y la República de Irlanda, integrante de la UE, después del Brexit.

Gran Bretaña y la comunidad europea acordaron, como parte del Brexit, que la frontera terrestre irlandesa se mantendría libre de puestos aduaneros y otros controles porque una frontera abierta es un pilar clave del proceso de paz que puso fin a décadas de violencia en Irlanda del Norte.

En cambio, para proteger el mercado único de naciones europeas del bloque hay controles sobre algunas mercancías, como la carne y los huevos que ingresan a Irlanda del Norte desde el resto del Reino Unido.

Tras la histórica victoria del republicano Sinn Fein –ex brazo político del Ejército Republicano Irlandés y partidario de la reunificación de Irlanda– en las elecciones legislativas del 5 de mayo, el Partido Democrático Unionista bloquea el Parlamento autónomo y se niega a formar gobierno hasta que Londres modifique el protocolo aduanero.