Los casos de linchamientos se han incrementado en las últimas décadas, tema pendiente a revisión en ambas cámaras del Congreso, ya que no hay ninguna iniciativa de ley al respecto y sólo se han dado llamados de la Comisión Permanente a las entidades para prevenir y evitar que los ciudadanos tomen justicia por su propia mano, se advierte en un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado.

En el mismo se detalla que en los últimos 26 años se registraron al menos 366 linchamientos en distintos estados de la República, sobre todo en la zona centro-sur de México, es decir, un promedio de 14 anuales, cifra que se mantiene hasta la fecha.

Otra investigación de la organización Causa en Común detalla que en lo que va de este 2022 ha habido ya 11 linchamientos. El más reciente de éstos ocurrió el 10 de junio pasado, cuando pobladores de la comunidad de Papatlazolco, en el municipio de Huauchinango, en Puebla, retuvieron a Daniel Picazo, abogado y funcionario de la Cámara de Diputados, al que golpearon y después quemaron vivo.

En su estudio, el IBD resalta que la Comisión Permanente ha solicitado asimismo información a las autoridades gubernamentales y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que no hay estadísticas oficiales sobre ese fenómeno, que desde 2010 a la fecha ha ido a la par del incremento del crimen organizado.

Es esa investigación, titulada Linchamientos en México, se destaca que ha habido varios años en que las agresiones y el asesinato de presuntos delincuentes, a manos de turbas o multitudes, se han de disparado. Así aconteció en 1997, con 27 casos, y en 2013, con 40.

En cuanto a las entidades con más agresiones de ese tipo, las principales son estado de México, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, y por lo que se refiere a los motivos para que grupos de personas decidan tomar justicia por mano propia, 63 por ciento es por supuesto robo, 20 por ciento por atropellar a alguien de la comunidad, 9 por ciento contra presuntos secuestradores y 8 por ciento a supuestos violadores.

El IBD señala que la palabra linchamiento se deriva del apellido del estadunidense Charles Lynch, un juez del estado de Virginia, famoso por infligir penas crueles a los criminales durante la guerra de Independencia de 1782.

Hace notar asimismo que los linchamientos están expresamente prohibidos en la Constitución, pero de todas formas se repiten en el país, lo que “pone en evidencia la crisis de la impartición de justicia, la vulneración de los derechos de los acusados y afectación al tejido social. Si bien es un fenómeno global, en México se han repetido diferentes casos debido al hartazgo de la población por la inseguridad y actividades de la delincuencia organizada.