Los refugios para mujeres violentadas y sus hijos trabajan las 24 horas del día, los siete días de la semana, pero sólo reciben presupuesto gubernamental para operar 10 meses, ahora, probablemente, serán nueve. Estamos casi a mitad de año, y los recursos no fluyen, lamenta Ana Wolf, directora de uno de los centros de la Red Nacional de Refugios (RNR).

Indica que el presupuesto total es de poco más de 420 millones de pesos, y que la RNR representa alrededor de 80 por ciento de los espacios de protección para mujeres. Cuenta que finalmente el refugio que dirige ya firmó el convenio, pero no sabemos cuándo recibiremos la primera ministración de dinero, y además falta definir las reglas de operación.

Ayer la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó que en menos de tres semanas se dictaminó 95 por ciento de los proyectos presentados para ingresar al programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos.

Precisó que, al corte del pasado viernes 17 de junio, se han aprobado y formalizado 71 proyectos, y se han entregado 77.7 millones de pesos, equivalentes a 42 por ciento de lo programado. Añadió que en los próximos días se continuará con el proceso de transferencia.

La Conavim dijo que el 4 de julio habrá un encuentro con los refugios y centros de atención externa para buscar áreas de oportunidad y ejemplos de buenas prácticas y así enriquecer la operación de estas instancias. Wolf confirmó esa reunión.

El fin de semana la RNR señaló en su cuenta de Facebook que era el día 73 de solicitar la liberación del presupuesto 2022 para refugios. Tras casi cuatro meses de atraso en el proceso. Advirtió que 80 por ciento de los refugios no cuenta con recursos, acumulando deudas y con limitaciones en la atención.

Wendy Figueroa, directora de la RNR, dice a La Jornada que al menos hasta este fin de semana, lo que compartimos en la publicación (Facebook), es lo que existe e hizo hincapié en que la RNR hará un análisis, porque hasta ahora la realidad es la misma.

Wolf, indica que, en términos reales, del año pasado al presente no hubo aumento de presupuesto, porque no se consideró la inflación. De por sí los recursos son insuficientes, y además se requieren presupuestos bianuales.

Los refugios, que previenen feminicidios, brindan servicios gratuitos; sin embargo, su operación cuesta, porque “implica el pago de servicios como agua, luz, gas, teléfono, Internet –que se volvió fundamental con la pandemia para la escuela de los niños y las reuniones de la red–, y con el covid-19 se incrementaron los gastos por las pruebas rápidas, guantes, cubrebocas y sanitizantes.

También pagan los honorarios del personal profesional y calificado que atiende a las mujeres y a sus hijos: sicólogas, médicas, enfermeras, nutriólogas, trabajadoras sociales, abogadas, y para cubrir los sueldos del personal de cocina, limpieza y mantenimiento.

Todo suma: la compra de las despensas, la gasolina para los vehículos de traslado a otros refugios, a las atenciones médicas externas, a las diligencias jurídicas, a la aplicación de periciales.

Algunos, narra, afortunadamente, no pagamos renta, porque el lugar está en comodato, pero otros no tienen esa ventaja, y recuerda que tras la firma de los convenios suelen pasar unas semanas para que se liberen los recursos.

En estos meses sin dinero, apunta que han modificado los menús para economizar, pero las nutriólogas se aseguran que sean nutritivos. Hemos ahorrado en gasolina; hacemos varios trámites por viaje, por ejemplo, cuando vamos a Ciudad de México”.

Han buscado donaciones, préstamos, créditos para pagar la despensa y servicios. Estamos buscando mecanismos para sustentarnos, nos endeudamos para subsistir. La violencia no entiende de situaciones burocráticas. Se han hecho malabares económicos.