l triple homicidio de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, y del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma, perpetrado el lunes en Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua, ha causado un fuerte impacto en México y en el mundo. El papa Francisco y diversas instancias de la jerarquía eclesiástica –empezando por la Compañía de Jesús, a la que pertenecían los religiosos ultimados–, así como organizaciones del país y del extranjero, han condenado el crimen y lamentado el persistente clima de violencia que padece la región desde hace muchos años.

La condición sacerdotal y octogenaria de las víctimas, así como el hecho de que hayan sido asesinados porque intentaron auxiliar a Palma, quien intentó refugiarse en la iglesia local ante la persecución que sufría, otorgan a estos homicidios un carácter acentuadamente execrable, por más que sean un episodio más de la inseguridad que azota la sierra Tarahumara desde hace más de una década. Como lo señaló el provincial jesuita, Luis Gerardo Moro, todos los días hombres y mujeres son privados arbitrariamente de la vida, como hoy fueron asesinados nuestros hermanos.

Tal violencia es resultado de la presencia en la zona de grupos delictivos particularmente violentos y ramificaciones de los cárteles tradicionales. Se ha indicado que el presunto asesino, José Noriel Portillo Gil, El Chueco, está vinculado al grupo de Los Salazar, mismo al que se atribuye el homicidio de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, perpetrado el 23 de marzo de 2017 en la capital del estado, en aparente represalia por un reportaje en el que reseñó los vínculos entre criminales y políticos en su municipio natal Chínipas, casi contiguo a Urique, en la sierra Tarahumara.

Este exasperante episodio exige, por supuesto, la pronta ubicación y captura del presunto culpable y su presentación ante los tribunales, pero demanda también un urgente proceso de construcción de paz en la región, tarea en la que deben participar los tres niveles de gobierno y la sociedad misma. Es preciso entender que el absurdo crimen de los religiosos y del guía de turistas es expresión de una crisis social y civilizatoria más honda que los fenómenos delictivos.

El gobierno del presidente Guillermo Lasso rechazó ayer las peticiones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para iniciar un diálogo con vistas a terminar con el paro nacional que ya cumplió 10 días y que mantiene en jaque a amplias zonas del país. El líder indígena Leonidas Iza había exigido que el Ejecutivo elimine el estado de excepción en seis provincias, desmilitarice y elimine la dotación policial alrededor de los sitios donde los manifestantes se hospedan en la capital, y que les permitan concentrarse para mantener asambleas.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se negó a atender las condiciones de la Conaie aduciendo que “no podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa la capital… primero hay que sentarse a conversar, a hablar, hay que poner los temas sobre la mesa”, una respuesta que refleja ignorancia o falta de voluntad política –o una combinación de ambas– en un gabinete con más orientación empresarial que política, toda vez que, para decidir los siguientes pasos en su lucha y alcanzar acuerdos, el organismo indígena requiere celebrar asambleas, algo imposibilitado desde que Lasso suspendió el derecho de reunión.

La cerrazón del gobierno de Lasso y su apuesta por la estrategia represiva para desactivar las manifestaciones no ofrecen ninguna perspectiva de solución; por el contrario, invitan a la radicalización de la protesta y evidencian que este banquero da la espalda a la historia nacional. En efecto, no puede perderse de vista que entre 1997 y 2005 la Conaie fue un actor clave en el derrocamiento de los presidentes Jamil Mahuad, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez, un dato que no debería pasar inadvertido a Lasso habida cuenta de que su ingreso en la política se produjo precisamente porque Mahuad lo nombró gobernador de la provincia del Guayas (donde se ubica Guayaquil, la ciudad más poblada y rica de Ecuador, así como sede de la oligarquía a la que pertenece el propio mandatario) y después ministro secretario de Economía, cargo que desempeñó por apenas un mes. El sector indígena organizado también jugó un papel central en las revueltas de octubre de 2019 que obligaron al ex presidente Lenín Moreno a dar marcha atrás en su plan de ajuste neoliberal instigado por el Fondo Monetario Internacional y que suponía un duro golpe a la economía popular.

Esta tendencia autoritaria en la administración conservadora se tornó más preocupante el martes, cuando el ministro de Defensa, Luis Lara, afirmó que la democracia está en riesgo por la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos. Flanqueado por los jefes del ejército, la marina y la fuerza aérea, el general en servicio pasivo aseguró que detrás de las protestas está la mano del narcotráfico y la delincuencia organizada, y afirmó que las fuerzas armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional.

El gobierno de la nación andina debe entender la legitimidad del descontento social, propiciar las condiciones para el diálogo y sentarse con los dirigentes opositores a buscar una salida pacífica a las protestas, es decir, todo lo contrario del atrincheramiento en posiciones autoritarias y el uso de las fuerzas armadas para mandar mensajes de alarma y amedrentamiento velado. La muerte de un manifestante y los 55 heridos en la jornada de movilizaciones del martes debería ser un incentivo de peso para emprender sin dilaciones la búsqueda de soluciones reales en un contexto democrático.