Monterrey, NL., A pesar de la sequía, en la zona metropolitana de Monterrey llueve sobre mojado. Uno tras otro, los problemas se agolpan: escasez de agua potable, feminicidios, violencia ocasionada por el crimen organizado. Ahora llegó la hora del transporte urbano. De no atenderse las demandas del sector en cuanto al desabasto de unidades del servicio público de pasajeros, se vislumbra un grave conflicto.

Al inicio de la administración estatal que encabezó Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco (octubre 2015), la demanda de transporte público en Monterrey era atendida por 5 mil 429 camiones de 354 rutas; en la actualidad circulan sólo cerca de 2 mil 750, casi 50 por ciento menos. Por si eso fuera poco, en los seis años recientes se perdieron 6 mil empleos en el sector.

Mientras las medidas para enfrentar la pandemia mantuvieron a gran parte de los ciudadanos trabajando o estudiando en casa, la deficiencia en el servicio pasó relativamente inadvertida. Pero cuando la movilidad en la megalópolis se reactivó al superarse la cuarta ola de covid-19, las dificultades y contratiempos para los ciudadanos, debido a la disminución del parque vehicular, comenzaron a aflorar.

Hasta una hora de espera

“Es un suplicio llegar a nuestros trabajos y también lo es para nuestros hijos e hijas que van a la prepa y a las facultades”, se quejó Ana Bernal, representante de los vecinos de las colonias Hacienda del Sol y Cillas de Ácali, en el municipio de García, cuya población se incrementó en la última década en 176 por ciento y actualmente es de 397 mil 205 habitantes.

En entrevista, explicó: Por estas colonias pasan seis rutas urbanas y no nos damos abasto. Cada vez se tardan más los camiones en pasar. En promedio perdemos una hora esperando para abordar una unidad.

Afirmó que cada vez hay menos autobuses y lo peor es que algunas veces se quedan tirados a medio camino. Varios vecinos han perdido su fuente de empleo por los retardos. La verdad no siempre podemos costear los taxis, sobre todo los de aplicación, que te ponen tarifas dinámicas en horas pico. Urgen más camiones, pero ya, demandó.

El servicio de transporte público de pasajeros en la capital regiomontana comenzó en 1917. Se empleaban unos minibuses que eran conocidos popularmente como julias.

Sin embargo, los investigadores Carlos Chavarría y Hernán Villarreal refirieron que la infraestructura vial en el área metropolitana para ese sistema de transporte se diseñó en las décadas de 1930 y 1940 para beneficiar la actividad empresarial y laboral de esa época.

Para 1967 operaban ya, recordaron los académicos, 37 líneas con 636 autobuses, que se fueron estableciendo sin un plan definido.

En 1980, con una población aproximada de un millón 900 mil habitantes, Nuevo León contaba con mil 470 camiones. Y en 1990, con alrededor de dos y medio millones de ciudadanos, circulaban ya 2 mil 840 vehículos de transporte público.

Con el inicio de operaciones de la planta de Mercedes Benz, en 1994, en García, mejoraron las condiciones de traslado de los usuarios. Comenzaron a circular unidades que brindaban mayor confort y, que, para ajustarse a la expansión de la mancha urbana, incrementaban la distancia de sus recorridos.

Sin embargo, la situación cambió con el paso de los años. Lejos de mejorar, empeoró. El número de unidades se estancó y comenzó a disminuir.

Seguirá el declive, advierten

En junio de este año, con el doble de población, de acuerdo con cifras del Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Gobierno del Estado, hay sólo 2 mil 750 unidades. A decir de los transportistas, esta cifra seguirá disminuyendo ante la falta de recursos para mantenimiento y reparaciones.

Este declive en la industria transportista ha perjudicado también a los trabajadores del sector. Juan García Trejo, dirigente sindical que representa a 60 por ciento de los integrantes del gremio, dijo a La Jornada que en 2015 el transporte urbano generaba más de 12 mil empleos directos, entre operadores y personal administrativo. Pero en los últimos seis años se perdieron unas 6 mil fuentes de trabajo.

Es lamentable que por semana decenas de trabajadores estén siendo desocupados debido a la reducción del número de unidades. Representamos sus intereses, pero nos enfrentamos a una situación: las empresas están a punto de la quiebra y a duras penas están pagando las liquidaciones, expuso el también miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad.

Expuso que en muchas ocasiones se llega a acuerdos conciliatorios, mientras los empresarios regularizan su situación. Esto afecta gravemente la economía de las familias que dependen de este sector, subrayó.

Los usuarios se han visto obligados a usar otros medios de traslado, como taxis ordinarios, colectivos, piratas o, más caro aún, de aplicación no regulada. Se multiplicaron fuera del marco legal. Ahora, quienes no tenemos coche, debemos gastar el doble o el triple en transporte para llegar a nuestros trabajos, lamentó la maestra Guadalupe Garza.

Los transportistas sostienen que este problema se debe a que la última actualización de las tarifas del transporte público se realizó en 2014. Según Abelardo Martínez García, director de Grupo Transportista Martínez García, en ese entonces la tarifa ordinaria quedó en 12 pesos. Sin embargo, Rodríguez Calderón metió a circulación 87 unidades del sistema público con una tarifa de 15 pesos.

La entidad responsable de autorizar modificaciones a las tarifas del transporte público era el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad. Las acordaba por mayoría de votos con base en una fórmula estipulada en el Reglamento de la Ley del Transporte, que atendía principalmente las variables del precio del combustible y el salario mínimo, entre otras.

Martínez García recordó que en 2018 la agencia de transporte presentó una propuesta de actualización de tarifas, la cual fue aprobada por mayoría del pleno del consejo, para aumentarla un peso y fijar un incremento de 10 centavos mensuales hasta noviembre de 2021. Sin embargo, El Bronco ordenó la no publicación del acuerdo. Pero no sólo eso.

Adicionalmente, a los transportistas no se les renovaron los permisos vencidos de operación ni se les otorgaron concesiones. Esto provocó que las financieras etiquetaran sus solicitud de créditos para la compra de nuevas unidades como riesgosas y que se incrementaran las tasas de interés para la compra de sus unidades.

La bola de nieve del deterioro vehicular creció. De 2014 a la fecha, el precio del diésel aumentó 100 por ciento. El combustible representa 70 por ciento del costo de la operación de los vehículos.

Abelardo Martínez García mencionó que comenzaron a verse durante las noches filas de camiones en las gasolineras, ya que por las deudas que tenían, los mayoristas ya no prestaban a los transportistas para adquirir combustible en volúmenes grandes, entonces el número de autobuses en servicio disminuyó.

También, agregó, se quedó en los talleres de las rutas la mitad de su flotilla desarmada en actos de canibalismo mecánico, para poder echar a andar la otra mitad. Se han generado demandas mercantiles, remató.

Urbanización caótica

Para Mariela Saldívar Villalobos, diputada local en las 74 y 75 legislaturas, la crisis de movilidad en Nuevo León tiene dos orígenes fundamentales: el desorden urbano y el manejo del sistema de transporte público con criterios políticos y no técnicos.

La mancha urbana de la zona metropolitana de Monterrey se ha expandido en los últimos 15 años por la corrupción en todos los niveles de gobierno. Y esto afectó directamente la operación del sistema de transporte, que no da de sí para llegar a las zonas más alejadas, planteó.

Aseguró que en lugar de coordinar el sistema de transporte público, haciendo ajustes a la operación y costo del servicio, que permitan brindar un servicio de calidad, la administración anterior optó por congelar por cuestiones políticas la tarifa, y contribuyó a desordenar más la operación al empalmar o tomar el control de rutas para afectar a adversarios políticos.

Pareciera que el gobierno anterior buscaba destruir el sistema de transporte público, y casi lo logra, destacó Saldívar Villalobos.

En marzo de este año comenzó a considerarse la posibilidad de aumentar tarifas. El 15 de ese mes, luego de más de ocho años sin actualización en el costo del servicio de transporte público en el caso de las rutas urbanas y de 18 años en el del Metro, Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, declaró: Necesitamos tener una tarifa integrada, obviamente, con tarifa preferencial en la que se integren todos los servicios.

Sin embargo, tres días después, el 18, el gobernador Samuel García se manifestó al respecto a través de su cuenta de Instagram, por primera ocasión desde que afloró el debate en público. Aseguró que no habría incremento y pidió a los ciudadanos no caer en la desinformación.

Recientemente, los transportistas presionaron y lograron acuerdos que incluyen un subsidio al combustible muy limitado, que, según ellos, no resuelve el problema. Según informes extraoficiales, el gobierno se comprometió a hacer en 15 días un rediseño de rutas y a cambiar a sistema de pago por kilómetro (que es un aumento disfrazado).

De no cumplirse con estos convenios –advierte Martínez García– podríamos tener en Nuevo León un paro del servicio de transporte público, que se agravaría porque los nuevos camiones que prometió el mandatario de Movimiento Ciudadano (mil 600) no llegan. Estaríamos sin agua y sin transporte en un corto tiempo, apuntó.

Para Mariela Saldívar, la administración actual tiene el reto de reorganizar el sistema y operarlo de manera transparente, involucrando a los empresarios y concesionarios del sector que sobrevivieron al sexenio de El Bronco.

El pasado 5 de abril, al cumplirse los primeros seis meses de su sexenio, Samuel García presentó su Plan de Desarrollo. Allí dijo que si se trata de elegir la obra insigne de su gobierno, sería la transformación definitiva de la movilidad en Nuevo León.

“Sería una ironía –asegura Martínez García– que el mandatario que se propuso hacer de la transformación definitiva de la movilidad el sello de su gobierno pasara a la historia como el responsable de crear una gran bronca en el transporte”.