n el cuarto año de gobierno del presidente López Obrador, mientras la crisis mundial de alimentos alcanza al país, su propuesta de autosuficiencia alimentaria no ha logrado buenos resultados, a diferencia del Sistema Alimentario Méxicano (1980-1982) que fue un esfuerzo exitoso en el crecimiento de la producción y el mejoramiento de los ingresos de los productores, a pesar de su corta duración. El SAM fue impulsado en un contexto de economía cerrada y con recursos de los excedentes petroleros con los que se organizó una red de subsidios productivos para fomentar la producción y los rendimientos de los cultivos básicos, además de articular su comercialización y distribución. Utilizó los precios de garantía, los créditos a tasas de interés bajas, la reducción en los precios de los insumos y seguros para la agricultura y también tomó como sujeto social a las organizaciones de productores rurales.

El gobierno actual acompañó su planteamiento de autosuficiencia alimentaria con una reducción del presupuesto de la Secretaría de Agricultura en 34 por ciento para 2020 y 29 por ciento para 2022, respecto a 2018. El presupuesto se concentró principalmente en tres programas: Precios de Garantía para lo cual se creó Seguridad Alimentaria Mexicana, Fertilizantes y Producción para el Bienestar. Además del Programa Sembrando Vida, operado desde la Secretaría de Bienestar.

Los Precios de Garantía cumplieron una promesa de campaña, pero no han funcionado como un aliciente a la producción, pues se restringieron sólo a los productores de maíz de menos de cinco hectáreas de temporal y de 30 hectáreas de temporal o cinco de riego para frijol. Durante 2019 únicamente compraron 0.15 por ciento de la cosecha de maíz a 3 mil 200 productores de los más de 1.8 millones de maíceros y para 2020 adquirieron 2.7 por ciento de la cosecha a cerca de 55 mil campesinos. En el caso del frijol en 2019 compraron 8.7 por ciento de la cosecha a 18 mil productores de los casi 477 mil que existen y para 2020 adquirieron 4 por ciento de la cosecha a sólo 1.1 por ciento de los productores. Así, su impacto como incentivo de producción es nulo.

El actual gobierno desapareció Aserca, institución que, a falta de Conasupo, se encargaba de la comercialización de las cosechas, y eliminó los subsidios para este fin. Sólo desde 2020, después de sus movilizaciones, los productores de maíz de Sinaloa lograron un precio objetivo, que opera para los que tienen hasta 50 hectáreas. En ese año Segalmex apoyó a 21 mil productores de Sinaloa, Tamaulipas y Sonora, con precio objetivo para 3.7 millones de toneladas.

Producción para el Bienestar se mantuvo como continuación de Procampo, utilizando la misma estratificación de productores y cuotas que el gobierno anterior, pero excluyó a cualquier agricultor de más de cinco hectáreas de riego y 20 de temporal. Los productores beneficiados por Procampo se redujeron continuamente. En 1995 Procampo benefició a 3.6 millones de productores, pero el Proagro, del final del sexenio de Peña Nieto, sólo alcanzaba a 2.3 millones y para 2021, Producción para el Bienestar apoyó a apenas un millón 753 mil productores de granos y únicamente 6 millones 78 mil hectáreas sembradas con ellos, de las más de 14.2 millones de hectáreas que se dedican a su producción.

Los recursos para el financiamiento al campo de los que depende la producción agrícola y los seguros de las cosechas se redujeron de manera alarmante, y en 2020 sólo existía 30 por ciento de los recursos de 2019, para, finalmente, extinguirse en 2021.

Sembrando Vida, un programa importante por los montos de recursos que administra, sólo apoyó a 430 mil productores de 2 millones 116 mil campesinos que lo necesitan.

El sujeto social de este gobierno son los campesinos pobres de forma individual, ya que todas sus organizaciones fueron catalogadas como corruptas. Pero los campesinos necesitan estar organizados para, en colectivo, aumentar su productividad y producción, además de participar en la comercialización, la compra de insumos, el beneficio de sus productos, el crédito, etcétera.

Los resultados para maíz y frijol en los primeros tres años de gobierno comparados con el último del sexenio anterior son que el maíz, cultivo básico por excelencia redujo ligeramente su superficie, mientras su producción aumento uno por ciento. Así, el volumen de sus importaciones creció a niveles récord y se pagaron por ellas más de 5 mil millones de dólares en 2021.

El frijol aumentó su superficie en menos de uno por ciento, pero su producción aumentó en casi 8 por ciento. No obstante sus importaciones costaron 180 millones de dólares en 2021, el mayor costo reportado.

Las importaciones de estos granos que se pensaban reducir aumentaron consistentemente estos tres años, mientras los programas productivos se convirtieron en programas de alivio a la pobreza y la austeridad pesó más que la autosuficiencia alimentaria.

* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano