omo prometí el lunes pasado, agrego datos de la férrea lucha que desde 1986 dan los ambientalistas, y en especial el Grupo Ecologista del Mayab, AC, Gema, contra Calizas Industriales del Carmen, Calica, empresa que extrae y comercializa en Estados Unidos caliza de la península de Yucatán. La obtienen de un predio de mil 200 hectáreas ubicado a siete kilómetros de Playa del Carmen, Quintana Roo. Un negocio inicialmente de Ingenieros Civiles Asociados, ICA y Vulcan Materials Company, el mayor productor estadunidense de piedra triturada, arena, grava, asfalto y concreto premezclado para la construcción.

Por las críticas de Gema, los dueños de Calica publicaron una declaración de principios en la que aseguraron que estaba comprometida con la comunidad al utilizar los recursos naturales de manera balanceada y planeada; que por eso tuvo la aprobación de las autoridades federales y estatales, gracias a los estudios de impacto ambiental que previamente presentó. Señala haber recibido en cuatro ocasiones seguidas el certificado de Industria Limpia por la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa). Y añaden el firme compromiso social de la empresa, que se refleja en un amplio programa de responsabilidad corporativa. Cabe reconocer que Calica edificó decenas de buenas viviendas para sus trabajadores en Playa del Carmen, poblada en 1989 por unos 10 mil habitantes dedicados a la pesca y los servicios portuarios para comunicar desde allí con Cozumel.

Pero la realidad ambiental era muy distinta. Los estudios de los especialistas mostraron poco a poco las afectaciones a los recursos naturales de la zona de explotación, los cuales pasaron desapercibidos ante la opinión pública en buena parte por tres motivos:

1. El 14 de septiembre de 1988 el huracán Gilberto causó severos daños en Playa del Carmen, entonces en pleno crecimiento habitacional por la actividad turística, reflejo del éxito que registraba Cancún. Fue tan explosivo que en julio de 1993 se convirtió en el municipio de Solidaridad. Una manera de elogiar el programa estrella del sexenio de Carlos Salinas.

2. La creación de un nuevo polo turístico: la Riviera Maya, los 120 kilómetros de litoral que hay entre Cancún y Tulum. Playa del Carmen como eje del mismo. Gema, otros grupos ecologistas y científicos, exigieron el ordenamiento ambiental del nuevo polo. No fueron escuchados. Los grandes intereses hoteleros, en especial españoles, tienen desde entonces el apoyo oficial para establecer allí sus negocios.

3. Además de la terminal para el manejo del material de exportación, Calica construyó otro de uso público para el movimiento de transbordadores y cruceros turísticos. Incluye dos plataformas de servicio, un edificio terminal, estacionamiento y un camino de acceso a la carretera federal. Y en 2001, ICA vendió sus acciones a Vulcan Materials Company.

Un año después Gema denunció en la Cumbre de Río de Janeiro los problemas que ocasionaba Calica. Y en una reunión con los medios, divulgó el convenio que propuso a dicha empresa para proteger el medio ambiente. Entre otras cosas, establecer un área de amortiguamiento, tener acceso a su programa de monitoreo, evaluación y control ecológico. Y que por cada metro cúbico que extrajera de caliza donara un centavo de dólar para fines ambientales. Las instancias oficiales estuvieron de acuerdo. Calica se negó a firmarlo. En el colmo, en 1993 el gobierno federal le amplió la concesión 30 años.

Me falta espacio para detallar las denuncias de agrupaciones ambientales y los científicos por los daños que origina la explotación de caliza al importante manto freático de la región; a la flora y la fauna; la destrucción de vestigios arqueológicos y las huellas de quienes en la era del hielo poblaron esa parte de México. El documental Erosión,(2016) de Raúl Padilla, Jerónimo Aviles y un grupo de espeleológos y antropólogos ilustra lo anterior. Y, como siempre, Gema insistiendo en la urgencia de clausurar Calica.

Finalmente, en mayo pasado el presidente López Obrador lo hizo. Otro problema en las relaciones con Estados Unidos. Pudo evitarse si a las autoridades les hubiera interesado más proteger un bien de la nación y no un negocio trasnacional. Algo que los ambientalistas de ayer y de hoy denunciaron siempre y fueron ignorados.