n los recientes tres años, los mexicanos de todas las regiones del país han visto aparecer, con diferente intensidad, a la Guardia Nacional (GN) como parte de su paisaje cotidiano.

La presencia cada vez más notoria de esta corporación policiaco-militar en ámbitos urbanos y rurales, así como en carreteras e instalaciones estratégicas, refleja el impulso sostenido que ha recibido del gobierno federal al considerarla uno de los pilares de su estrategia de seguridad y paz.

Más allá de las controversias que ha provocado su fundación con base en las policías naval y militar, así como de los debates en torno de la militarización de la seguridad pública nacional, la expansión de la GN es un hecho acreditado: para finales de 2021 había logrado establecer con el respaldo del Cuerpo de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa (Sedena) 248 cuarteles y llegar a casi 120 mil efectivos.

El presidente López Obrador se ha fijado como meta contar con 500 cuarteles de la GN al final de su mandato, lo que permitirá dar cobertura territorial a todo el país mediante 266 coordinaciones regionales.

El costo de cada cuartel se estima en más de 34 millones de pesos e incluye centros de mando, control, comunicación, planeación y seguridad, alojamientos para hombres y mujeres con dormitorios y comedores, así como instalaciones para adiestramiento en armas y acondicionamiento físico.

Este despliegue de cuarteles ha sido acompañado por una narrativa oficial en la que se afirma que en muchas regiones del país la población y sus autoridades locales claman por la instalación de uno de sus cuarteles.

Sin embargo, la llegada de las instalaciones de la GN no siempre ha suscitado el aplauso de las comunidades anfitrionas, y tampoco ha estado exenta de abusos.

El caso más lamentable está actualmente en desarrollo en la Unidad El Rosario, de la alcaldía Azcapotzalco, donde sus habitantes denuncian que están siendo despojados de un espacio público por parte de la alcaldesa panista Margarita Saldaña.

Todo comenzó a mediados de 2021 cuando Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno buscaba nuevos terrenos para incrementar la presencia de la GN en la capital del país.

El pasado 21 de noviembre, Claudia Sheinbaum acudió a Azcapotzalco para instalar el Gabinete de Seguridad y la Mesa de Construcción de Paz. En dicha reunión concurrieron la fiscal Ernestina Godoy, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; la alcaldesa Saldaña, así como representantes de la Sedena y la GN.

La jefa de Gobierno anunció entonces que uno de los acuerdos con la alcaldesa fue la instalación de un cuartel de la GN en Azcapotzalco, y agregó que se adecuaría un espacio que la alcaldía pone a disposición de la GN.

Tres meses después, los vecinos de la Unidad El Rosario conocieron, mediante seis asambleas informativas y sin consulta, de la inminente desaparición de sus espacios verdes y recreativos, incluidas instalaciones deportivas que han usado y sostenido por tres generaciones desde hace casi medio siglo.

El anuncio viene acompañado de otra agravante: en el perímetro del espacio comunitario en cuestión se ubican dos escuelas primarias, una secundaria y un Colegio de Bachilleres.

En marzo, un grupo de vecinos organizados hicieron llegar un escrito a la alcaldesa en el que manifestaron su rechazo al despojo y esgrimieron sus argumentos en defensa de su parque público: consideran que la instalación del cuartel les impondrá una vecindad estrecha con un cuerpo militar, atentará contra la paz social, trastocará la vida cotidiana con el ir y venir de las caravanas de vehículos armados.

Además, aumentará el estrés hídrico y la recurrente falta de agua que padecen los miles de habitantes de El Rosario y cancelará los sueños que la comunidad ha expresado en diversos momentos para lograr la rehabilitación integral de esa área común, entre otras consecuencias negativas.

Sin embargo, la respuesta ha sido el silencio y la llegada de las máquinas que han comenzado a destruir el espacio público. ¿Sabrá Sheinbaum que la decisión autoritaria y clasista que ha tomado la alcaldesa Saldaña pretende sacrificar un área verde y recreativa de carácter popular? ¿Dónde quedó el diálogo con los ciudadanos?

Existen en la demarcación espacios adecuados para instalar el cuartel sin atropellar a la ciudadanía, incluso en zonas limítrofes entre Azcapotzalco y el Estado de México, donde la GN podría generar resultados efectivos en seguridad metropolitana.

La instalación del cuartel en medio de una densa zona habitacional y de cara a niños y jóvenes escolares resulta ser inconveniente.

Por ello, los habitantes reclaman otro tipo de intervención colaborativa que les ayude a construir la paz desde abajo. ¡Queremos un parque, no un cuartel!, es ahora su grito de resistencia.

* Investigador de El Colegio de San Luis