Guanajuato, Gto., El gobernador del estado, el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, debe destituir al secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Meza, por su incapacidad para enfrentar el abuso sexual contra seis niñas de prescolar de la comunidad Camino Real, municipio de Silao, afirmó el coordinador de Morena, Ernesto Millán Soberanes, durante la sesión de la Diputación Permanente, en la cual ventiló que este año ha habido 60 casos de acoso sexual en escuelas de educación básica.

Señaló que la gestión de Hernández Meza ha sido desastrosa, sin resultados, opaca, intrascendente, mediocre, por decir algunos calificativos; lo peor es que en los casos de abuso han reaccionado tarde, no aplican correctamente los protocolos o no los aplican.

El abuso cometido contra seis niñas de cinco años de edad del plantel de prescolar José Joaquín Fernández de Lizardi fue la gota que derramó el vaso de la ineptitud del secretario de Educación, que actuó sólo cuando el caso se hizo público, sostuvo el legislador.

El encargado del kínder, Érick Ernesto Zavala Guerra, huyó al enterarse de que las madres lo habían denunciado.

El diputado agregó que, en promedio, este año se han presentado 10 denuncias mensuales de acoso sexual en escuelas del estado; es un número elevadísimo, y eso acaba con la infancia. La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) no ha podido o no ha querido cuidar a nuestros niños, reprochó.

En cuatro años, 23 maestros denunciados

De 2018 a 2022, la SEG sancionó a 23 maestros acusados de abuso, hostigamiento o acoso sexual en planteles de los municipios de San Felipe, Salamanca, San Miguel de Allende, León, Celaya, San José Iturbide, Valle de Santiago Cortazar, Villagrán, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Acámbaro, San Luis de la Paz, Comonfort, Coroneo y San Diego de la Unión. Nos debe doler y enojar lo que ocurre. El caso de Silao es el último que conocimos, pero estoy seguro de que no será el último, señaló Millán.

Asimismo, criticó que la Fiscalía General del Estado no realice investigaciones expeditas y que la Procuraduría de los Derechos Humanos estatal no acompañe a las víctimas.