Puerto Vallarta, Jal., A pesar de las pesquisas para detener a José de Jesús Covarrubias Dueñas, ex magistrado del Poder Judicial de Jalisco que se encuentra prófugo tras ser acusado de abuso sexual contra una menor de 15 años y de corrupción de menores, las investigaciones no avanzan debido a que cuenta con una red de protección y complicidades en los juzgados, denunció su ex pareja, la abogada Blanca Paredes.

La jurista, quien es tía de la menor que sufrió por parte del togado, también fue su víctima cuando eran pareja y denunció que “cuando los abogados del magistrado interponen un procedimiento, este avanza con rapidez, pero cuando sus víctimas lo hacen, pasa más de un año en ser aceptado por los tribunales y no judicializan las carpetas, sino que las desechan o las archivan.

No vaya a salir el fiscal ni nadie del Poder Judicial federal o estatal a decir que falta impulso, dijo Paredes, quien también solicitó la ayuda del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pero no hemos sido escuchadas.

De igual forma, las peticiones hechas a las fiscalías no reciben respuestas. Esta es una red de impunidad contra las víctimas, porque no logramos hacer que nuestros procedimientos se resuelvan. Ya va para un año. Yo he dicho los nombres de los jueces que no han colaborado, dijo.

Solicitó a los impartidores de justicia que resuelvan los casos como marca la ley. Hemos sido víctimas de violencia vicaria, sicológica, institucional y sexual, refirió la abogada.

Mi caso se inició con una denuncia por abuso sexual y corrupción de menores. Señaló que gracias al apoyo de los medios se desaforó a Covarrubias. Fue el primer caso en el estado en que se desaforó a un magistrado, afirmó.

Covarrubias fue denunciado por abuso sexual en dos ocasiones, una por la sobrina de Blanca. El ataque fue hecho público en un video difundido en redes sociales y usado como evidencia para desaforar al ex ministro; el otro caso fue el de la misma Blanca, quien tenía 15 años cuando conoció al ministro y cuya relación, de la que son fruto sus dos hijos, estaba inmersa en violencia.

La abogada solicitó que paren las represalias por alzar la voz y atreverme a hablar y que se “nos brinde seguridad por parte del Estado, pues mis hijos han sufrido más de un atentado.

Me he cambiado cinco o seis veces de domicilio por los ataques que hemos padecido, pero la fiscalía sigue sin hacer nada, denunció.