Jueves 11 de agosto de 2022, p. 5
El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la probable publicación de un decreto para otorgar la conducción de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, arrancó un debate en el pleno de la Comisión Permanente del Congreso, donde la oposición del PRI, PAN y MC reclamó que esa determinación –aun sin conocerse su contenido y menos publicarse– socava y vulnera la autoridad civil; hacemos un llamado a quienes forman parte de las fuerzas armadas para que rechacen la propuesta del Presidente; que impere el civilismo sobre el militarismo
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Por Morena, la senadora Gabriela López respondió en su intervención que el gobierno no se ha endeudado y ha mantenido un férreo control sobre esos compromisos, ha aplicado una política económica responsable desde el inicio de la administración en 2018; así fue incluso durante la pandemia, donde no se usó la deuda para apalancar las finanzas públicas
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Defensa de las finanzas
En la intervención de su compañero de bancada, Rafael Espino de la Peña, quien preside la Comisión de Justicia en el Senado, se esperaba una respuesta a las críticas opositoras, pero sorprendió al defender el mismo tema: el no endeudamiento público de la actual administración: Es imposible minimizar, incluso para los más acérrimos críticos, que la administración del presidente López Obrador ha tenido un manejo impecable de las finanzas públicas en todos sus aspectos. El manejo de la deuda, no olvidemos, tiene detrás el manejo escrupuloso de la hacienda pública
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Por la oposición, que tuvo campo abierto para emprender una ataque discursivo plagado de calificativos, el priísta José Francisco Yunes, recordó que por unanimidad en las dos cámaras se aprobó la reforma al artículo 21 constitucional para dar al Presidente de la República la Guardia Nacional; se le dio bajo condiciones irrestrictas de que tendría que ser un cuerpo civil policiaco profesional, de que la presencia del Ejército sería temporal, de que en 2024 estarían las Fuerzas Armadas regresando a cumplir con su función constitucional. En casi cuatro años de gobierno no formó los policías federales que se requieren para integrar la Guardia Nacional
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