Vecinos de San José Insurgentes denunciaron que más de 30 inmuebles fueron edificados con la norma 26, destinada a vivienda de interés social y popular, vendiéndose los departamentos terminados en un promedio de 6 millones de pesos, con lo cual se dejó fuera a cientos de personas que aspiraban a vivir en la zona.

Las solicitudes ante los entonces secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Simón Neumann; el delegado de Benito Juárez, Jorge Romero, y el director de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación, René Aridjis, para que suspendieran dichas obras, nunca prosperaron.

Acusaron que unos y otros se pasaban la bolita y nunca procedieron a suspenderlas, y menos a clausurarlas, cuando por la plusvalía de la zona era imposible vender un departamento en 700 mil pesos que fijaba dicha norma.

Los constructores se valieron de esta situación para violar la normatividad en densidad y altura, y en lugar de construir vivienda de interés social, que las corridas financieras no les daban, edificaron departamentos que costaban 750 por ciento más.

Dichas autoridades, sin embargo, lo permitieron, haciendo caso omiso a las quejas de los vecinos y las resoluciones administrativas y quejas interpuestas ante diversos órganos del gobierno capitalino para detenerlas, afirmaron.

Comentaron que esta pequeña colonia, ubicada entre Río Churubusco, Río Mixcoac, Barranca del Muerto e Insurgentes, es una muestra de la corrupción inmobiliaria que se dio en Benito Juárez, que fue señalada por los vecinos, aunque nunca fuimos atendidos.

La investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia sobre irregularidades inmobiliarias, consideraron, debe tocar este tema de la norma 26 y dirigirla también hacia funcionarios de alto nivel que se hicieron de la vista gorda.

▲ Aspecto del edificio ubicado en Miguel Noreña 28, colonia San José Insurgentes, alcaldía Benito Juárez, del que residentes denunciaron que los trabajos de reconstrucción no eran los adecuados, por lo que en febrero pasado fue clausurado.Foto Luis Castillo

En diversas ocasiones, recordaron, sostuvieron reuniones con los titulares de la Seduvi y de la entonces delegación, entre 2014 y 2016, pero se echaban la bolita de que a uno u otro le tocaba suspender o clausurar las obras, lo cual nunca hicieron.

Su inacción permitió que con la llamada norma 26, en lugar de viviendas de interés social, con las cuales se buscaba repoblar la zona central de la Ciudad de México, se levantaran viviendas de lujo, lo cual es totalmente grosero, afirmaron.

No obstante, consideraron que sus ocupantes no tienen nada que ver con ese actuar. Creemos que actuaron de buena fe y nadie les dijo que sus departamentos estaban chuecos y que tenían alguna denuncia.

En tanto, el juzgado primero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México otorgó una suspensión de plano y oficio al ex director general de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la entonces delegación Benito Juárez, Luis Vizcaíno Carmona –acusado de enriquecimiento ilícito y de su presunta participación en una red de corrupción en el sector inmobiliario–, contra cualquier tipo de amenazas, puesta en peligro de la vida y confinamiento de las que pudiera ser objeto.

El ex funcionario público permanece en el Reclusorio Norte, en lo que corren los tres meses de la investigación complementaria.

Con información de César Arellano