os tres grandes ataques de bandas delincuenciales contra tiendas de ocasión, automovilistas y civiles en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California no son producto de una conspiración de fuerzas políticas. No son, ni un pretexto para justificar ante la opinión pública la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército, ni una ofensiva de la oposición de derecha para desestabilizar al gobierno de la 4T.

Aunque sean útiles para la lucha política, ninguna de estas explicaciones ha sido acompañada de evidencias sólidas que las sustenten. Son mero sospechosismo y un recurso en la guerra por las mentes y los corazones de los ciudadanos para estigmatizar al contrario. De un lado, el gobierno federal tendría que ser suicida para promover una ofensiva de sangre y fuego que ha dado la vuelta al mundo. Del otro, por más cavernaria que sea (lo es), la oposición de derecha se estaría disparando un balazo en un pie al fomentar que, en los estados que gobierna, comandos bloqueen carreteras, se incendien autos, destrocen y rafagueen comercios y asesinen inocentes. Ni una ni otra interpretación tiene sentido.

Esta ola de violencia inusual se suscitó en estados gobernados por el PAN, MC y Morena. Su explicación no hay que buscarla en teorías conspirativas. Por ejemplo, en la hipótesis de que fue resultado de las circunstancias en que se desenvuelve la industria criminal en cada entidad. Y, en el contagio. Es inusual, porque, aunque se vivieron situaciones parecidas en el pasado, la ferocidad de los atentados contra ciudadanos y negocios perpetrados la semana pasada tenía años de no verse en el país.

Todo parece indicar que el detonante de la barbarie narca en el Occidente y Bajío fue un operativo militar en los límites de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, en Jalisco, para detener a Ricardo Ruiz Velazco, el Doble R o RR, y Gerardo González Ramírez, El Apá. Se ha señalado al RR como el posible sucesor de Nemesio Oceguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de quien se dice que se encuentra muy delicado de salud. Su demostración de fuerza en el terreno, en al menos 12 ciudades en Guanajuato, incluidas León, Celaya, Silao, Irapuato, San Miguel de Allende, buscaría hacer evidente que no está dispuesto a ser ­sacrificado.

Según el analista Víctor Quintana, la furia en Ciudad Juárez, Chihuahua, se precipitó cuando una de las bandas reaccionó ante lo que juzgó era el apoyo del gobierno a su rival. “Hay testimonios de personas que estaban allí porque era la hora de visita en el Cereso 3 –dijo en entrevista–, que vieron que las autoridades permitieron la entrada de un grupo armado, que no eran los policías. Este grupo ejecutó a dos reos del grupo Artistas Asesinos [https://bit.ly/3AnCsNO].” Los responsables del operativo, y del infierno que le siguió, fueron Los Mexicles, banda integrada en parte por mexicanos y centroamericanos, deportados de Estados Unidos. Un elemento a considerar es que, en la que podría considerarse la capital de Maquilatitlán, ha comenzado a penetrar también, como en tantos otras regiones del país, el CJNG.

Por si hubiera duda de las sinrazones que detonaron la jornada de horror desplegada en cinco de los siete municipios, de Baja California, la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, se encargó de esclarecerlas, en el exhorto que hizo a los narcos: “Les pedimos –solicitó la edil a los malosos, acompañada por mandos de la Guardia Nacional– que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias”. Su ruego a los criminales la dejó bastante mal parada. En una reunión de cinco alcaldes, dos concejales y la gobernadora con elementos del Ejército y la Fiscalía General del Estado, se confirmó que el CJNG provocó el horror en esos lares.

Los operativos criminales contra la población civil no son novedosos. El 15 de septiembre de 2008, durante el 198 aniversario de la Independencia, se detonaron dos granadas de fragmentación en pleno zócalo de Morelia. Más tarde, en otros dos puntos, hubo más explosiones. En julio de 2010, en Ciudad Juárez reventó un coche bomba. La lista de actos similares es numerosa e incluye discotecas incendiadas, narcobloqueos en carreteras y calzadas, carros con explosivos que estallan frente a estaciones de televisión. Estas salvajadas (y muchas más) tuvieron lugar especialmente durante la guerra contra las drogas de Felipe Calderón.

Como han señalado especialistas, la ceremonia del terror de la semana pasada está enmarcada en un contexto más general, que modificó la percepción de los capos de estos grupos criminales, marcado por la detención de Rafael Caro Quintero y su probable extradición a Estados Unidos.

En el análisis, es inevitable incorporar el anuncio presidencial de que buscará que la Guardia Nacional forme parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como su disposición a seguir usando al Ejército en seguridad pública. Sin embargo, no hay nada que indique que lo acontecido es producto de las declaraciones del mandatario.

Desde antes de los ataques criminales en el Occidente, Bajío y la frontera con Estados Unidos, la estrategia de seguridad de la 4T estaba a discusión, precipitada por hechos como el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Tarahumara a manos de un narcotraficante. Hoy, más que nunca, se requiere de un ponderado balance de los resultados de esta ruta y de un análisis de las medidas que se quieren seguir.

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