La detección de factureras, como se define a las empresas y personas que facilitan la evasión fiscal, ha venido a la baja desde hace cuatro años, cuando se confirmó que cerca de 2 mil 946 mil contribuyentes emitieron comprobantes fiscales sin operaciones que les dieran sustento.

En lo que va de 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha marcado de manera definitiva a 132 contribuyentes como emisores de facturas sin operaciones de respaldo. La cifra es 4.5 por ciento de lo comprobado en 2018, cuando se detectaron a las casi 3 mil personas morales y físicas con actividades irregulares; así como 12.9 y 10.5 por ciento de lo registrado en 2020 y el año pasado, respectivamente.

La tendencia a la baja se debe en parte a un mayor cantidad de auditorías y seguimiento por parte del SAT, a que se reforzó la legislación en materia penal contra la evasión fiscal, así como a la reforma en materia de subcontratación ilegal que entró en vigor el año pasado, pues este esquema era el que mayor uso daba a las redes de factureras, explicó Santiago Guadarrama Nieto, integrante de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.

La reforma a la subcontratación es la que más contribuyó a cerrar brechas de evasión de impuestos. Ordenó la seguridad social, así como el impuesto sobre la renta (ISR) que era el par de rubros por los que más se escapaba la recaudación vía factureras, detalló el especialista.

A mediados de 2019, el gobierno federal expuso que con la emisión de 8.8 millones de comprobantes fiscales, con los cuáles se facturaron 1.6 billones de pesos, se había defraudado al fisco con cerca de 354 mil 512 millones de pesos.

Ya con datos firmes, reportados en los Informes Tributario y de Gestión del SAT, se exhibe que en la primera mitad de 2022, los ingresos por ISR crecieron 69 mil 319 millones de pesos en la retención de sueldos y salarios, una vez que empezaron a tener efecto las reformas de subcontratación.

Guadarrama Nieto consideró que ya en la legislación hay lo suficiente para que el SAT pueda mejorar la detección de operaciones de defraudación al fisco y para que la Procuraduría Fiscal de la Federación lleve denuncias al respecto.