En comisiones, el Senado aprobó ayer un dictamen para incorporar, entre los principios rectores de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la mínima intervención y la no revictimización de menores y adolescentes en procesos judiciales.

Las presidentas de las comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, del PAN, y la de Estudios Legislativos Segunda, Ana Lilia Rivera, de Morena, destacaron en la reunión de trabajo que existen muchos ejemplos de revictimización durante un proceso judicial, como el caso de infantes que son sometidos a un proceso que dura meses y sus participaciones se desarrollan en sesiones largas y sin descansos.

Detallaron que las jornadas en esos juicios suelen implicar esperas considerables y tiempos muertos entre diligencias, en que suelen repetir su testimonio en diversas instancias del proceso.

Por ello, recalcaron, se necesita procurar la menor invasión a la integridad sicoemocional de la niñez, lo que se traduce, explicaron, en que su intervención en el juicio debe ser la mínima posible para evitar alterar su mente o exponerlos a algún tipo de estrés que no es propio de su edad.

Se trata del dictamen a una iniciativa presentada por la senadora Olga Sánchez Cordero, por la que se reforman y adicionan disposiciones de los artículos 4 y 6 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes .

La ministra en retiro propone que cuando en estos asuntos (juicios) están involucrados derechos de niños y adolescentes, como son los derechos alimentarios; guardia y custodia, o algún régimen de visitas y convivencias, los juicios se llegan a extender prácticamente la totalidad de la niñez y adolescencia.

Esto genera, señala Sánchez Cordero, que el lugar sobre el que tendrá recuerdos el niño será un juzgado rodeado de expedientes. Eso transgrede su derecho a un sano desarrollo. Explica que el derecho de los niños y adolescentes a ser escuchados no se puede interpretar que deban asistir una y otra vez a un juzgado. Al contrario, se debe armonizar con el derecho a un sano desarrollo, es decir, se debe respetar el derecho a la mínima intervención en juicio.