ueremos preguntar a los senadores, diputados, funcionarios, abogados: ¿dónde quedó la lista de presos políticos? ¿De qué color es la justicia en la 4T?, cuestiona Argelia Betanzos, hija, abogada y defensora de los presos políticos de la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón. Eran 40 los presos políticos de esa localidad, sólo quedan siete acusados por los mismos delitos, pero cuando Elisa Zepeda Lagunas, hija de un cacique involucrado en los hechos, ganó una candidatura local en Oaxaca, por Morena, la justicia cambia de color y a estos siete habitantes de Eloxochitlán los tienen en la cárcel hasta la fecha.

Una lista de presos políticos e injustamente presos fue construida al inicio de la entrada de Morena al poder, el Senado la integró y fue entregada a la Secretaría de Gobernación en 2018, cuya titular, Olga Sánchez Cordero, creó la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la misma secretaría; sin embargo, hoy no se sabe qué hace esta unidad ni tampoco de la lista de presos políticos y mucho menos de la libertad de los que la integran.

Hubo muchas declaraciones y reuniones; muchas promesas, antes y después de las elecciones; sin embargo, ahora no se escucha nada del tema y en las cárceles siguen ciudadanos injustamente presos.

Muchos, por defender su territorio de caciques, de grupos violentos, de empresas extractivas; en muchos de los casos la fabricación de delitos los ha llevado a la cárcel, y en algunas comunidades esta impunidad y violencia provocan miedo y desplazamientos forzados de pobladores.

Siguen en prisión los habitantes de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca; sus nombres: Jaime Betanzos, Omar Morales, Herminio Monfil, Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Isaías Gallardo y Francisco Durán, a pesar de estar en la lista de presos.

En Guerrero, están presos desde hace 20 años cuatro integrantes de la Organización de Comunidades de la Sierra Sur (OCSS). Son sobrevivientes de una de las masacres más crueles del mundo rural, la del vado de Aguas Blancas: Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Merino. Decenas de campesinos exigían fertilizantes y materiales para sembrar.

En Chiapas, la organización Solidarios de la Voz del Amate exige la libertad de indígenas injustamente presos: Felipe Díaz Méndez, Martín Gómez López, Mariano Gómez López, Roberto Martínez Pérez, Roberto Martínez Pérez, Marcos Gómez López y Nicolás Gómez López.

Fidencio Aldama, de la tribu yaqui, en Sonora, fue encarcelado en 2016 por 15 años, acusado de homicidio. Fidencio es un defensor del agua y del territorio que se opone al saqueo del líquido.

El estado de México es otra fábrica de delitos y presos. El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero dice que son unas 40 personas injustamente presas. La policía ministerial mexiquense las detuvo, sin orden de aprehensión y un sinfín de faltas al debido proceso; los familiares, amigos han formado el colectivo Haz Valer mi Libertad, pero no ha sido escuchado.

La captura de Kenia Hernández, costeña de Guerrero, fue excepcional; con su caso se quiere decir al movimiento social guerrerense sobre las consecuencias de manifestarse. Lleva dos procesos en Guerrero y en el estado de México; fue sentenciada a 22 años seis meses de cárcel.

En la Ciudad de México se encuentra preso Fernando Rodríguez Ochoa, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, acusado de acoso sexual de una menor. Fue golpeado y puesto a disposición del Ministerio Publico. La defensa argumenta que la carpeta de averiguación ha sido modificada, se presume de extorsionadores coludidos con las autoridades las cuales dieron pie al encarcelamiento.

Rodrigo Jonathan Báez Vázquez es chofer, enfermo de cáncer, fue detenido este 6 de agosto, en Azcapotzalco. Lo golpean y lo presentan en la fiscalía de Gustavo A. Madero, donde se entera de que los policías lo acusan de robo con violencia y robo a transeúnte con violencia. Su familia afirma que es una construcción de delitos y que no se ha respetado el debido proceso.

El caso de Fernando Rodríguez y de Rodrigo Yonathan, en la Ciudad de México, es una constante. Policías y bandas que extorsionan a ciudadanos, negocio donde la justicia está a la venta.

Las protestas no han parado, en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México se sigue escuchando ese grito de madres y familiares de los presos políticos. Son varios años que se demanda la libertad. Ya entra 2023, se preparan las nuevas elecciones, se frotan las manos los políticos. Y los presos políticos ¿quién da respuesta, más allá de promesas de campaña y de buenos deseos democráticos?

“La violencia es generalizada y la criminalización es un patrón contra los ‘de abajo’; la fabricación de delitos y la complicidad de las autoridades en la administración de justicia forman parte de un sistema podrido y sumergido en la corrupción, que deja la justicia en manos de intereses territoriales y del dinero. La prisión es una forma de desalentar la protesta social, silenciar a los rebeldes y desmoralizar a los que se mantienen en la resistencia.”

Las cárceles del país aún tienen el sello de la vergüenza y corrupción, la justicia está marcada por intereses del poder, es por ello que se sigue gritando ¡Libertad a presos políticos e injustamente detenidos!

* Periodista