Debido a las formas organizativas del Estado constitucional moderno y a la propia naturaleza conservadora del Poder Judicial, muchos gobiernos de carácter progresista han tenido que enfrentar procesos de judicialización de la política por parte de la derecha, cuyo propósito es frenar las iniciativas de dichas autoridades mediante herramientas legales.

Así lo advirtieron los participantes en un foro sobre el tema, quienes señalaron que los partidos y gobiernos de izquierda deben aprender a convivir con este escenario y tratar de apaciguar las contradicciones existentes con diversos jueces y magistrados que tienen la capacidad de frenar avances sociales o democráticos.

Durante el 33 Congreso Latinoamericano de Sociología ALAS México 2022 –organizado por la UNAM–, el politólogo y jurista Albert Noguera resaltó que las guerras jurídicas o lawfare siempre están basadas en un uso ideológico de la justicia para frenar a sus oponentes políticos.

Luego de recordar que este tipo de episodios ocurrieron con los gobiernos de Lula Da Silva en Brasil y Rafael Correa en Ecuador, el académico señaló que la llegada de un gobierno de signo progresista no significa la desaparición automática de diversos componentes conservadores que forman parte del Estado.

En América Latina, lo que ha hecho la derecha es desplazar su espacio de poder real a otras ramas del Estado, como el Poder Judicial, y desde ahí lanzar una ofensiva contra los gobiernos a los que identifica como opuestos a sus intereses.

En ese contexto, Noguera subrayó que la judicatura surgió y se ha organizado siempre bajo criterios de jerarquía y poder, con la idea de salvaguardar al Estado y las instituciones, y si a ello se le suma el origen de clase de muchos de los magistrados y jueces, el resultado es que el Poder Judicial siempre ha tendo un carácter conservador.

Por su parte, el investigador brasileño Artur Stamford da Silva, académico de la Universidad Federal de Pernambuco, señaló que un ejemplo de lawfare que se vivió en su país fue la ilícita destitución que sufrió en 2016 la entonces presidente Dilma Rousseff.

El especialista presentó diversos ejemplos de cómo hubo una intervención de carácter político de los jueces en Brasil en casos como la legalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la prostitución o el uso medicinal del cannabis, y subrayó que no hay decisión judicial sin elementos de política.