El caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado con un encubrimiento al más alto nivel y a casi ocho años de los hechos no hay indicios para afirmar que los 43 normalistas desaparecidos estén vivos.

Esas son las conclusiones preliminares del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, que se presentó ayer en Palacio Nacional, primero a las familias, en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente ante la opinión pública.

Los avances remarcan que entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, autoridades federales y locales conocieron en tiempo real la situación, por lo que pudieron haber actuado para impedir la desaparición y asesinato de los estudiantes perpetrados por Guerreros Unidos. Incluso, si el Ejército hubiera intervenido los habría salvado, enfatiza el reporte, el cual puede consultarse en la página del gobierno de México y de Gobernación.

No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida; todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos, enfatizó el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, quien preside la comisión investigadora, creada por orden de López Obrador.

El asunto provocó y sigue causando indignación nacional e internacional, por los abusos a derechos humanos y la impunidad ante los crímenes. Fue el más duro impacto a la pasada administración federal encabezada por Enrique Peña Nieto.

El informe presentado por Encinas da cuenta de que la Marina voló drones en la zona con los que se pudo determinar lo sucedido; además, la Sedena tenía un elemento infiltrado en la normal de Ayotzinapa, quien es uno de los 43 desaparecidos.

La Sedena tenía dentro de la normal al soldado Julio César López Patolzin, quien estaba realizando informes para la secretaría en la escuela, era el responsable de informar lo que acontecía en las asambleas y de las movilizaciones, e incluso estaba informado de los actos preparatorios de la marcha de 2 de octubre, para lo cual la escuela de Ayotzinapa había sido comisionada con el fin de hacerse de los autobuses en los que normalistas de diversas instituciones se trasladarían a la Ciudad de México.

Encinas agregó que este militar infiltrado estaba bajo el mando del teniente de infantería Marcos Macía Barbosa, del 27 Batallón.

Su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció, junto con los otros estudiantes, sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda, como lo establece el protocolo para militares desaparecidos, que, de haberse aplicado, hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes.

El funcionario remarcó que las autoridades supieron desde la salida de los estudiantes de la normal hasta el momento que se dio la orden de desaparición, a las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014.

“Todas las autoridades federales, estatales y municipales estuvieron informadas de la toma de camiones, del traslado de estudiantes a Iguala, de su llegada al Rancho del Cura y a la caseta de Iguala, su arribo a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia de que fueron objeto, lo cual las omisiones en las que incurrió estas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción, omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportunamente, con la información que disponían, se hubiera impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes”.

Con la revisión y análisis de todos los elementos –entre ellos expedientes, registros telefónicos y de mensajería, testimonios, archivos del Ejército y otras corporaciones, videograbaciones, entras otras– “se acredita plenamente la colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno, como los policías municipales de Iguala, Cocula, Huiztuco Tetecuacuilco, con Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”. Aseveró que la investigación no ha concluido y que paralelamente la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso de la FGR realiza las indagatorias correspondientes.

Estos son avances de investigación, estamos conscientes de que aún tenemos una tarea larga por delante. No estamos cerrando las pesquisas, sino que continúan hasta que encontremos toda la verdad, encontremos a los muchachos y se castigue a los responsables.

Buscan que Tomas Zerón sea testigo colaborador

Encinas indicó que el gobierno federal y la FGR tuvieron acercamientos con los abogados de Tomás Zerón de Lucio –quien en aquel año era el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República y el cerebro de la llamada verdad histórica–, hoy prófugo de la justicia y quien se encuentra en Israel, a fin de tener un acercamiento para proponerle su colaboración con beneficios de ley.

Se pudo realizar en encuentro virtual con el ex funcionario, autoridades de justicia mexicanas e integrantes de la comisión los pasados 16 y 17 de febrero. “Se le ofreció un criterio de oportunidad que no aceptó. Pero hemos mantenido comunicación con sus abogados para esperar que pronto pueda avanzar un acuerdo de colaboración, no esperar al proceso de extradición –reclamado por México– y se allane a legislación mexicana para encarar los delitos de los que se le acusa y en caso de colaboración eficaz tener algún beneficio de ley”, remarcó Encinas.

“Lamentablemente en este proceso han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas claves. De estas personas, 14 eran integrantes de Guerreros Unidos, tres familiares de miembros de esa organización criminal, dos de (otro grupo delictivo) Gente Nueva, siete testigos o involucrados, entre ellos activistas, funcionarios, políticos y gente que venía proporcionando información, como Mario Casarrubias Salgado, que encabezada Guerreros Unidos y había iniciado colaboración con esta Comisión”, agregó.