La Fiscalía General de Campeche ratificó la solicitud de juicio de procedencia para el desafuero del diputado del PRI Alejandro Moreno y entregó los documentos que integran la carpeta de investigación.

La gobernadora de aquella entidad, Layda Sansores, informó en Twitter que el vicefiscal Anticorrupción, Loreto Verdejo, ratificó la petición de juicio de procedencia contra Moreno por presunto enriquecimiento ilícito ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a la que se le entregaron los documentos de la carpeta de investigación que integró la fiscalía.

Se espera la pronta instalación de la Sección Instructora, la cual deberá emitir el dictamen para presentarlo al pleno de la Cámara de Diputados para su votación, añadió la mandataria local.

Sansores publicó fotografías donde se muestran cientos de fojas, así como a funcionarios revisando el expediente.

Cabe destacar que esta instancia no se había conformado porque se estaba a la espera de que se aprobara la minuta para expedir la Ley de Juicio Político. En la actualidad, la Subcomisión de Seguridad Humana de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados analiza la propuesta que le envió el Senado.

Sin embargo, los priístas se han manifestado en contra porque se plantea la desaparición de la Subcomisión de Examen Previo, que depende de las comisiones de Gobernación y de Justicia, y deja en manos de la Comisión Jurisdiccional –en la que Morena y sus aliados tienen mayoría–, todo lo relacionado con los juicios de procedencia y los políticos.

Los priístas estiman que el partido guinda podría decidir sin mayores obstáculos tanto juicios políticos como declaraciones de procedencia.

La diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, recordó que la Sección Instructora se instala por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y votación en el pleno de San Lázaro. Debe ser integrada por cuatro diputados de la Comisión Jurisdiccional, quienes tienen la tarea de realizar todas las diligencias para establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita.

El procedimiento para el desafuero contempla siete etapas, que van desde la presentación y ratificación de la solicitud del juicio de procedencia, la notificación al denunciado para que comparezca, hasta que la Cámara de Diputados se erija en jurado de procedencia para votar el dictamen elaborado por la Sección Instructora.